Diplomáticos de carrera demandan al Estado ante la CIDH por despido ilegal
Luego de agotar todas las instancias internas en Bolivia, un grupo de 100 exfuncionarios diplomáticos de carrera demandó al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) porque fueron despedidos de forma arbitraria y están impedidos de ejercer su derecho al trabajo por figurar en “listas negras”. Los afectados piden un resarcimiento de siete millones de dólares.
Luego de conocer la demanda de los exfuncionarios, la Cancillería, mediante una nota de prensa, ratificó que las desvinculaciones fueron legales y que están respaldadas por el Tribunal Constitucional a través de las sentencias 1189/2022-S4 y 258/2022-S4.
Entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, el canciller del Estado, Rogelio Mayta, despidió a casi la totalidad de los profesionales del Servicio de Relaciones Exteriores que cumplían labores en el extranjero. En ese entonces, Mayta dijo que no existe la carrera diplomática y que los que están reclamando son “diplomáticos de nariz respingada” que disfrutaban asistiendo a cocteles.
Según los denunciantes, debieron ser retirados por medio de un proceso legal como exige la Ley 465. Sin embargo, fueron reemplazados por militantes políticos que no tienen formación especializada ni experiencia para velar por los intereses del Estado en el exterior.
El director jurídico de Cancillería, Bernardo Ortiz Cortez, aseveró que estos funcionarios no tenían un estatus de servidores con carrera institucional.
Ortiz añadió que los mismos tienen la libertad de acudir a todas las instancias jurídicas, sean nacionales o internacionales, para poder hacer valer sus derechos si aprecian que han sido vulnerados, pero aclaró que la CIDH acepta demandas contra Estados por supuesta vulneración de derechos, no en contra de personas individualizadas y que, ante esto, Bolivia responderá de manera oportuna.
Demanda
Javier Viscarra, representante de los profesionales con carrera diplomática, informó que “después de más de dos años, tras agotar la vía jurídica interna, los diplomáticos de carrera han presentado hace algunas horas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda por violaciones a los derechos humanos identificando al canciller Rogelio Mayta y a magistrados del Tribunal Constitucional como autores de la violación de mandatos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
El dirigente de los diplomáticos explicó que, si bien la demanda conlleva una suma importante, el Estado postreramente podrá hacer una acción de repetición, con la cual se podrá cobrar ese dinero a los funcionarios que vulneraron sus derechos.
“Lista negra”
Los diplomáticos también denuncian que fueron condenados casi a una muerte civil. Desde el despido hace más de dos años, “no es posible que los exfuncionarios encuentren trabajo en ninguna institución pública ni organismos especializados, están marcados en listas negras, en abierta violación a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y discriminación censurada en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”, dice un comunicado de los exfuncionarios de Cochabamba.
“El servicio exterior es para cualquier ciudadano”
El director jurídico de Cancillería, Bernardo Ortiz, aseguró que las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional dejan establecido que los accionantes no formaban parte del escalafón diplomático porque no contaban con una evaluación del Consejo Evaluador y Calificador de Méritos establecido por la Ley 465, del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.
Señaló que, en 2020, durante el periodo que calificó de “ruptura constitucional”, se intentó implementar un escalafón diplomático que no era inclusivo y que no respetaba derechos básicos como la igualdad, por lo cual se declaró inconstitucional.
Aseguró que actualmente en Cancillería no existen servidores públicos con carrera diplomática, sino que se está trabajando en un escalafón diplomático que sea inclusivo y pueda dar la oportunidad a cualquier ciudadano o ciudadana de trabajar en el servicio exterior o en las oficinas centrales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
