Salazar niega hostigamiento, pero su grupo aún mantiene cerco a Carvajal en la Apdhb
El dirigente afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que encabezó la toma de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Edgar Salazar, negó que haya amedrentado y hostigado a la presidenta de esa institución, Amparo Carvajal. Sin embargo, el grupo que se asentó en el edificio mantiene a Carvajal a la intemperie y no dejan que use el baño de la Asamblea.
"Nosotros en ningún momento la hemos hostigado o amedrentarla a la señora Carvajal, porque estamos recuperándonos de un tema de salud aquí, en la ciudad de Sucre, y no estamos en esa ciudad. Queremos señalar que jamás hemos ejercido hostigamiento contra la señora Carvajal y ella, por decisión propia, ha decidido permanecer en la terraza de la Apdhb; es más, nosotros no tenemos un contacto físico o permanente con la señora", aseveró Salazar, según un reporte de Correo del Sur.
El martes, luego de que Carvajal subiera a la terraza de la Apdhb y pasara ahí su primera noche, los grupos que apoyan a Salazar no la dejaban dormir, porque instalaron parlantes para acusarla de "asesina".
"Senkata, Sacaba han sido masacradas; no se negocia con sangre derramada; auditoría a Amparo, carajo", se escuchaba alrededor de las 22:00 del martes.
Asimismo, la presión sobre Carvajal se mantuvo en los días posteriores en los que la presidenta pasó la noche en la terraza.
El miércoles, durante una audiencia de acción de libertad, el juez Javier Peñaranda concedió tal petición y prohibió a Salazar realizar actos de amedrentamiento y hostigamiento contra la presidenta de la Apdhb.
Respecto a ello, Salazar anunció que presentará una querella contra el juez Peñaranda, porque no se le habría notificado para estar presente en la audiencia que se llevó a cabo de manera virtual. Durante tal audiencia, Peñaranda dijo que se notificó a las dos partes, pero que Salazar no se presentó ni dio argumentos para defenderse.
"Estamos completamente sorprendidos con la decisión de esta autoridad judicial en la ciudad de La Paz. Nosotros queremos denunciar que no hemos sido notificados en ningún momento, porque ni siquiera podemos acercarnos a las dos puertas de ingreso a las oficinas. Vamos a presentar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra esa autoridad jurisdiccional porque se no ha coartado nuestro derecho a la defensa", dijo Salazar.
