Minería ilegal: Familias de mineros aprehendidos piden investigar a dueños
Los familiares de los 57 mineros aprehendidos en Beni piden investigar a los propietarios de las balsas y dragas donde realizaban la explotación ilegal de oro en el río Madre de Dios.
"Sólo son los trabajadores, nada que ver con todo lo que dicen ilegal, por qué no hablan con los dueños o bien con la empresa minera", manifestó Gabriel Medina, familiar de uno de los aprehendidos que llegó hasta la ciudad de La Paz en busca de información.
Medina indicó que, durante el operativo ejecutado el pasado viernes, la Policía cometió excesos. Aseguró que su familiar y los demás fueron agredidos violentamente y en ningún momento les informaron las razones del operativo y las aprehensiones.
"Palabras feas les han dicho, póngase al suelo (les dijo) y se pusieron al suelo, algunos se han alterado y a ellos más fuerte les han golpeado", declaró Eiki Medina, también familiar de uno de los aprehendidos.
Añadió que fueron trasladados hasta La Paz, así como fueron aprehendidos, algunos incluso estarían descalzos, otros con prendas ligeras para un clima caluroso, propio del departamento del Beni.
Por su parte, la Policía enfatizó que los 57 aprehendidos reciben las indumentarias y alimentos necesarios para resguardar su salud.
"Hay que hacer notar que se les está proporcionando la indumentaria necesaria para que ellos puedan tener un hábitat normal, porque hay que tomar en cuenta que vienen de un lugar cálido, están viviendo a un lugar frío, se les está proporcionando camas, chamarras", declaró el subteniente Michael Eugenio Silva, jefe de Seguridad de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
En las últimas horas, los sindicados fueron imputados formalmente por la Fiscalía por los delitos de explotación ilegal de oro, tenencia, porte y portación de armas.
Se tiene previsto que este lunes se instale su audiencia cautelar para que un juez defina su situación jurídica.
En horas de la mañana, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, indicó que la Fiscalía pedirá detención preventiva por 180 días en las cárceles de Palmasola, en Santa Cruz, y en centro de rehabilitación de Pando.
