Gobierno defiende decisión de unificar casos del Banco Fassil en La Paz y descarta traslado de acusados
El ministro de Justicia, Iván Lima, justificó la decisión de unificar todos los procesos del caso Banco Fassil en uno solo y trasladar la jurisdicción de la investigación a la ciudad de La Paz, argumentando que resultaba "imposible" llevar a cabo dos juicios por los mismos hechos en diferentes ciudades.
De acuerdo con Lima, en vista de que los delitos más graves caen bajo la competencia de la ASFI, con su sede en La Paz, la unificación fue considerada la opción más adecuada.
"No podíamos tener dos procesos, uno en La Paz y otro en Santa Cruz, y por lo tanto se ha presentado esta solicitud, la cual el día viernes ha sido otorgada a favor de la ASFI y el Ministerio de Justicia, que como entidad a cargo de la legitimación de ganancias ilícitas y del combate a este delito, ha llevado adelante este proceso", aseguró Lima.
El ministro también aclaró que, a pesar de la acumulación de los dos expedientes en la ciudad sede de gobierno, no implicaría el traslado de las personas con detención preventiva en la cárcel de Palmasola al penal de San Pedro.
"Las personas que han sido o que están actualmente cumpliendo detención preventiva tendrán que llevar su situación procesal en el departamento donde se ha dispuesto su detención preventiva", afirmó.
Lima enfatizó la importancia de garantizar un debido proceso y expresó sus dudas sobre cómo se había llevado a cabo el caso en Santa Cruz. Además, hizo hincapié en que no tolerarán la presencia de extorsión, corrupción o amenazas durante el proceso del Banco Fassil, denunciando irregularidades que han sido reportadas constantemente en el departamento de Santa Cruz.
Respecto a las afirmaciones de que los abogados de los procesados no estuvieron presentes en la audiencia del pasado viernes, donde se decidió la unificación de los casos, Lima negó esta acusación y mencionó que incluso hubo juristas que se conectaron desde el extranjero para representar a sus clientes.
En respuesta a la decisión judicial, Samuel Durán, abogado de uno de los ejecutivos implicados en los presuntos delitos financieros, la calificó de ilegal y reveló que ya han presentado una apelación. "Tiene que haber algún interés del Ministerio de Justicia o algún interés personal porque esto no tiene otra explicación. Esto es ilegal, no es legal", declaró el jurista en contacto con UNITEL.
Por su parte, Lima confirmó que la decisión judicial está en fase de apelación y esperan que la Justicia considere el objetivo de evitar la contaminación del proceso, como ha sido mencionado por la autoridad. La situación sigue siendo motivo de debate y seguirá siendo monitoreada de cerca por la opinión pública.
