Iván Lima Magne: “Está completamente descartada la opción de nombrar magistrados por decreto”
Hay 90 mil abogados en el país que ejercen su oficio legalmente. ¿Cómo hacer para que los mejores de estos profesionales se presenten como candidatos, ya sea a magistrado del Órgano Judicial o consejero de la Magistratura?, le preguntamos al ministro de Justicia, Iván Lima Magne, y respondió “con reglas claras. Si no hay reglas claras, si hay un proceso que se hace entre gallos y medianoche, si hay dispensación de trámite y no se entregan copias del proyecto de reglamento y convocatoria de elecciones judiciales a los asambleístas, no estamos dando buenas señales a estos juristas”.
“Contrariamente –indicó Lima– si las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria trabajan de cara al país y en un gran acuerdo nacional garantizan reglas claras para que los postulantes sean evaluados objetivamente y sin ninguna trampa o situación cuestionable, vamos a tener a los mejores profesionales dispuestos a pensar que es importante servir al país en esa función por seis años”.
Así de contundente es la respuesta del ministro de Justicia en entrevista con Los Tiempos, en la que también destacó logros y criticó las falencias del proyecto de ley que viabiliza las elecciones judiciales y que el martes 8 de agosto será debatido en la Cámara Alta.
- A pocas horas de que se rechace o apruebe la ley para dar luz verde a las elecciones judiciales, cómo evalúa el trabajo del Tribunal Constitucional (TCP), ¿con el fallo y el trabajo de la Asamblea Legislativa (ALP) ya se allanan las elecciones judiciales?
- Nos preocupa que la sentencia, en este momento, no tiene un carácter definitivo, porque el diputado Ayala, de la agrupación política Creemos, ha presentado un recurso de complementación y enmienda, y cuando hay una decisión judicial que está pendiente de tramitación esta tiene los plazos suspendidos.
Hemos hecho una exhortación al TCP para que se resuelva la complementación y enmienda, porque de lo contrario no se va a poder continuar el tratamiento de la ley.
También hay otro tema pendiente por una acción de amparo constitucional que se presentó en Beni. Fue la primera que suspendió el proceso de selección de postulantes y que está todavía en revisión en el TCP. Y esto también puede afectar el contenido de cualquier trabajo que realice la ALP.
Son dos temas que hemos exhortado al TCP para que los resuelva lo más pronto posible para que la Asamblea pueda hacer su trabajo.
- El TCP instruye que todo el proceso de las elecciones judiciales debe estar sujeto a la aprobación por dos tercios de voto en la ALP. ¿Es una decisión correcta?
-La sentencia constitucional no habla de dos tercios de voto formales o cómo lograr el apoyo de 24 senadores o la cantidad equivalente de diputados para los dos tercios. La sentencia habla de un acuerdo nacional por la reforma judicial.
A partir de esto, queda abierta la vía de resolución de la reforma judicial, de una reforma seria, consecuente y de compromiso con el país. Ahora está en manos de la Asamblea Legislativa lograr eso como un elemento diferente al que se ha dado en las anteriores elecciones de 2011 y 2017.
El TCP ha dejado sentado que se requiere dos tercios de votos. Esto es muy importante en términos políticos, porque obliga a cada jefe de partido político o de bancada a contribuir con un diálogo para la aprobación de toda la selección de postulantes.
- A pocas horas de su tratamiento han surgido críticas al proyecto de ley de convocatoria y reglamento para las elecciones judiciales. ¿Qué opina sobre su contenido?
- Lo que más nos preocupa es que este proyecto se ha aprobado con dispensación de trámite y sin posibilidad de que exista un gran debate constructivo sobre la norma.
Estamos ante un hecho de gran importancia para el país y la asamblea tiene que tener el cuidado de no generar ningún vicio de nulidad.
En respeto al principio de independencia de la Asamblea Legislativa, necesitamos entender y establecer cuál será el alcance de este nuevo reglamento, qué es lo novedoso.
Diría que lo novedoso de este reglamento es que acoge, de alguna manera, el proyecto presentado por los juristas independientes. Ellos habían propuesto una gran comisión nacional para seleccionar a los candidatos y, en este caso en el artículo 9 del proyecto presentado por la senadora Silvia Salame, se crea un equipo de colaboración técnica similar a la que tuvo, en su momento, la propuesta de los juristas independientes para acompañar el trabajo de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, esto va a generar una doble decisión, por un lado, el equipo de colaboración técnica emitirá informes y recomendaciones y, por otro lado, la Comisión Mixta también debe tener un informe. Ahí se va a generar un problema en el informe de evaluación final.
Hay otro tema de fondo. En la propuesta de Silvia Salame (la que se debate en la Asamblea) entre los requisitos para habilitar a los abogados para las judiciales se ha presentado nuevamente uno que ha sido objetado en la anterior convocatoria.
Este requisito es no haber participado en acciones de separatismo, o privatización de los recursos del Estado, no haber patrocinado a personas que hubieran participado en contra de la integridad y unidad del Estado.
Este requisito no está permitido por la Constitución, porque ésta ya establece los límites. Nuevamente, se está incurriendo en el error, y, nuevamente, se está corriendo el riego de que se declare este proyecto normativo como inconstitucional y se entraría a una tercera declaración del Tribunal Constitucional que expulse del ordenamiento jurídico este reglamento.
La senadora Salame me dijo que este domingo ya estarían promulgando la ley. Primero, no parece lo más idóneo por las dos acciones pendientes en el Tribunal Constitucional. Segundo, este proyecto debería ser resultado de un gran acuerdo nacional y no llevar adelante con un debate muy exiguo, muy rápido dentro la asamblea y poco constructivo.
- En caso de no lograr acuerdos en la Asamblea, ¿el Ejecutivo podría establecer alguna norma o decreto para nombrar a los magistrados?
- No hay la intención de emitir ningún tipo de decreto supremo. Bajo la actual Constitución, la única manera de elegir magistrados y consejeros es a través de la Asamblea por dos tercios y el voto popular. Esa opción está completamente descartada.
Recorrido profesional
Iván Lima Magne, actual Ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Es abogado con estudios en Derecho Judicial, Argumentación Jurídica y Arbitraje. Se graduó con honores en la Universidad Católica Boliviana.
Fue asesor legal del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Tiene el rango de teniente (h). Desempeñó los cargos de director de Política Criminal en el Viceministerio de Justicia, director general de Defensa Pública y Derechos Humanos.
Fue catedrático de Derecho Penal I y II en la UCB y Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.
