Envían a la cárcel al gobernador de Potosí por presunta legitimación de ganancias ilícitas
El Fiscal Departamental de La Paz, William Alave Laura, informó hoy que, en audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público fundamentó con elementos contundentes que el gobernador de Potosí, Jhonny M.G., es el presunto autor del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, de acuerdo a un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que establece que existe movimientos financieros sospechosos en sus cuentas bancarias y bienes de la autoridad departamental, por ello, el Juzgado 3º de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la mujer de La Paz, determinó su detención preventiva en el penal de San Pedro.
“La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, emitió la resolución de imputación formal de acuerdo a elementos que se colectaron en la investigación y durante la audiencia de medidas cautelares se expuso el informe la UIF, que da cuenta de irregularidades bancarias, declaraciones testificales, entre otros que fueron fundamentales para que la autoridad jurisdiccional disponga seis meses de privación de libertad en el penal de San Pedro”, dijo Alave.
Por su parte, la Fiscal Anticorrupción, Pamela Portocarrero, informó que se tiene elementos en contra del investigado, entre ellos se detectaron cinco depósitos bancarios en efectivo por un monto total de Bs. 58.100,00 entre octubre de 2016 a septiembre de 2022, siendo llamativo que en fecha 21 de septiembre de 2022 depositó Bs.40.000,00 del total mencionado, se desconoce el origen de los fondos, toda vez que no se registraron retiros de dinero de sus cuentas personales ni alguna otra operación similar en fecha o monto que respalde dicha transacción, entre otros, que indica el informe de UIF.
Asimismo, el sindicado habría cobrado 67 cheques del Banco Unión, cuando fungía como Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tahua, se presume que desvió fondos para beneficio propio, por un monto de 1.289.324,24 debido a que los fondos de los gobiernos municipales y departamentales son administrados por el área administrativa financiera, y no así por la máxima autoridad, además según sus declaraciones realizadas (informe UIF) habría utilizado los fondos públicos para el pago de deudas personales.
