Diálogo entre Gobernación y ABC se rompe, mientras los bloqueos en carreteras hacia Santa Cruz persisten
Las autoridades de la Gobernación cruceña se retiraron de las mesas de diálogo en torno al trazo del proyecto carretero Santa Cruz – Las Cruces - Buena Vista con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), alegando que ninguna de las cinco alternativas propuestas para rediseñar el proyecto ha sido considerada. Mientras tanto, el bloqueo de carreteras que conectan Santa Cruz con el occidente del país entra en su quinto día.
El secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, Edgar Landívar, expresó su lamento por la negativa de la ABC a aceptar alternativas que eviten que el tramo II del proyecto atraviese la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Guendä-Urubó, hogar de los acuíferos que abastecen a la zona metropolitana cruceña.
"No rompemos el diálogo, nos retiramos porque nos sentimos excluidos. Hemos venido a buscar una solución y la solución debe implicar concesiones de ambas partes", apuntó Landívar en las afueras de las oficinas de la ABC.
La tensión ha llevado al quinto día de bloqueos en las carreteras, a medida que el departamento cruceño busca presionar por un cambio en el proyecto. Landívar subrayó que la continuación de las protestas está en manos de los manifestantes, ya que la Gobernación tiene un acuerdo firmado con ellos, y ahora la ABC es la que tiene el poder de resolver la situación.
"Nuestro objetivo es proteger nuestros acuíferos, y esa posición no es radical, simplemente refleja nuestra preocupación. Hemos liberado los tramos I y III de la carretera para su licitación correspondiente", afirmó Landívar, destacando que la Gobernación ha cedido en gran medida durante las negociaciones.
Landívar también criticó la propuesta de la ABC, calificándola de "ilegal" y acusándola de engañar a la opinión pública al hablar de la licitación de los tres tramos. Además, señaló que el tramo II conllevaría la deforestación de 11 kilómetros de bosque en la zona de acuíferos de la UCPN, en contravención de las leyes que declaran esa área como protegida.
"En términos legales, se demostró ayer que cambiar el trazo no anula ni reinicia el financiamiento, ya que existe una cláusula en el contrato entre la CAF y el Gobierno central que establece pagos por tramo en la licitación respectiva", agregó Landívar.
