Investigadora evidencia intentos de avasallamiento en el Tipnis desde 2001
Las presiones contra el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) datan de hace varios años. Indígenas y colonos se enfrentaron en varias ocasiones, debido a las continuas invasiones del territorio indígena por parte de sectores interesados.
La investigadora socioambiental Marielle Cauthin escribió un artículo en el que detalla varios intentos de incursión de colonos al Tipnis desde 2001 hasta 2023 y las infructuosas y débiles respuestas de las autoridades de turno, llamadas a proteger esta reserva natural.
A continuación, transcribimos el artículo de la investigadora, que titula: En la selva, se escuchan tiros (breve relación de hechos sobre avasallamientos en el Tipnis)
“El enfrentamiento comienza a horas 15.00 y dura más o menos 5 minutos, hay tres heridos en los comunarios, el primer herido es Jesús Dávalos de San Miguelito con lanza de pachua en el lado izquierdo de las costillas. El segundo herido fue Agustín Analeco Mosua, con arma de fuego en la canilla con escopeta calibre 16. El tercer herido fue la persona de Florencio Silvestre Zurita, herido en la mano izquierda con impacto de bala con rifle calibre 22”.
Es una parte del informe redactado por Vladimir Orsolini, director del Tipnis–Sernap, sobre el enfrentamiento entre indígenas y colonos ocurrido el 26 de septiembre de 2009, debido a una nueva incursión de sindicatos cocaleros que avasallaron la llamada línea roja del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). El proceso de demarcación de la línea roja –frontera pactada para frenar la expansión colona en el parque, que delimita el llamado polígono 7- comenzó a inicios del 90 y tuvo muchos momentos de negociación entre los que resaltan el encuentro de 1994 entre Evo Morales, como representante cocalero, y Marcial Fabricano como delegado indígena; así como el acuerdo de 2006 que firmó Julio Salazar, entonces presidente de las Seis federaciones de productores de coca y posteriormente senador por el partido de Morales. A eso se suman las innumerables resoluciones de la Subcentral Tipnis pidiendo el respeto a la demarcación. Pero la línea roja nunca fue respetada por los cocaleros: en la década de 2000 habían ocurrido varios conflictos por asentamientos ilegales, se habían llevado a cabo grandes desalojos y al mismo tiempo se iban consolidando -mediante pactos, prebendas o uso de fuerza- asentamientos de colonos posteriormente titulados.
El 19 de mayo de 2001, el Campamento 5 Sanandita del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) fue tomado por asalto por colonos del sindicato 10 de Agosto. Los guardaparques afirmaron que se debió a que habían decomisado equipos con los que un colono realizaba tala ilegal en el parque nacional: “Al promediar las 19.30 este sujeto Toribio (encontrado en flagrancia cortando madera), con un grupo de unas 15 personas ingresaron a los ambientes de nuestro campamento, en principio agrediéndonos con golpes de puño, palos y el tubo de la escopeta a Pedro Cuevas, Leoncio Viri y mi persona”, recoge el formulario de denuncia a la Policía Técnica Judicial (PTJ) del Chapare firmado por los guardaparques.
En noviembre de 2005 los guardaparques junto a comunarios de San Miguelito –comunidad de frontera- desalojaron al colono Gerardo Vega que invadió, junto a 40 personas, el Bloque I del plan de manejo forestal. En julio de 2006, indican informes del Sernap, un centenar de personas se asentaron cinco kilómetros dentro de la línea roja y comunarios de San Miguelito fueron a desalojarlos, incluso hubo toma de rehenes. Producto de la paulatina escalada de violencia, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz; el prefecto del Beni, Ernesto Suárez y otras instancias se hicieron presentes en la zona; sin embargo, el desalojo recién se hizo efectivo el 27 de julio de 2007.
En agosto de 2006, 300 colonos se asentaron en el Valle Encantado, zona hoy ocupada por el sindicato 16 de Octubre. Este sindicato tenía una orden de desalojo firmada por el viceministro Almaraz, el viceministro de Coordinación Social, Alfredo Rada, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el director del Sernap. Un año después, en agosto de 2007, una nueva inspección de guardaparques y comunarios verificaron que el mismo sindicato continuaba realizando actividades de chaqueo y decomisaron dos motosierras y una escopeta. La dirección del parque denunció ante la fiscalía de Villa Tunari al colono Serapio Marco por “daños ambientales de considerable magnitud”. Esa época el Sernap envió una carta a la ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, denunciando la apertura ilegal de una brecha caminera, unida a la presencia de 70 colonos en la zona de la comunidad yuracaré Santísima Trinidad.
A partir de junio de 2009, tanto el Sernap como las comunidades indígenas reclamaron ante la Unidad de Desarrollo del Trópico (Udestro) tomar acciones contra los sindicatos 16 de Octubre, Estrellita y Valle Encantado, por avasallamiento y cultivo ilegal de hoja de coca. Entre el 25 al 28 de agosto de ese año se intervino el Sindicato 16 de Octubre con apoyo de indígenas y el Grupo de Tarea Conjunta, se erradicaron 20 hectáreas de plantaciones de coca ilegal, en medio de agresiones a la comisión de erradicación que fue obligada a firmar un documento que “garantizaba el libre tránsito dentro la zona” a los colonos.
Con tantas resoluciones de desalojo incumplidas, el 25 de septiembre de 2009 comunarios de San Miguelito se organizaron para apoyar el desalojo organizado por el Viceministerio de Tierras, un abogado y 15 policías. Ya en el lugar, los indígenas se vieron solos y pidieron ayuda a otras comunidades, desde otros lugares cercanos llegaron más indígenas con flechas, machetes y armas de caza; los colonos en un grupo de 400 también se armaron –según testimonios de los comunarios y del Sernap- con dinamitas, granadas y armas de fuego, además habrían usado un escudo de mujeres y niños. El 26 de septiembre ocurrió el enfrentamiento. Hubo al menos tres indígenas heridos con arma de fuego y flechas, además de dos o tres momentos de intercambios de disparos. Recién el 28 de septiembre llegaron a la zona funcionarios y 165 policías, otros comunarios y 10 guardaparques pero no encontraron ningún colono. Mientras, otras brigadas de guardaparques verificaron nuevos avances de los sindicatos Minera B, Uncía y Santa Rita (Sernap, 2010).
Así llegamos a agosto de 2023, a la Asamblea del Consejo Indígena del Sur (Conisur) organización del sur del Tipnis, que vuelve a denunciar “por segunda vez” ante el gobierno nuevos y graves avasallamientos, según sus resoluciones 003/2023; 004/2023; y 006/2023, en cinco de los siete polígonos que conforman el Tipnis, así como conflictos con sindicatos colonos en las comunidades indígenas Santa Teresa, Villa Asunción, San Miguelito, Mercedes de Lojojota, Sanandita, Santísima Trinidad, Bubusama, Fátima de Moleto, San Pedro, Santa Ana, Villa San Juan de Dios, San Juan del Isiboro, Sagrado Corazón del Beni y Puerto San Lorenzo: “donde colindan nuestras comunidades indígenas y los sindicatos interculturales, como también exigimos que se nos aclare por qué, en nuestro territorio existen espacios no titulados, sobreposición de titulación en nuestras comunidades en vulneración al decreto supremo 22610 del 24 de septiembre de 1990”, dice una de las resoluciones, apelando al decreto que hace 33 años dispuso fijar la línea roja para evitar “nuevos asentamientos campesinos colonizadores en los Parques Nacionales, en especial en el Parque Nacional Isiboro - Sécure”. Como la línea roja este decreto nunca fue respetado, lo que en los hechos provocó que en la selva se escuchen tiros.