Oposición denuncia que ministros no podrán ser interpelados por decisión de una Sala Constitucional
Los ministros de Estado no podrán ser interpelados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por determinación dela Sala Constitucional Primera de La Paz debido a una acción de Amparo Constitucional promovido por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
La información fue confirmada por el diputado de Creemos y presidente de la Comisión de Política Social, Walthy Eguez, que calificó el hecho de un "golpe certero" a la ALP.
"La Sala Primera de La Paz, el magistrado Israel Campero acaba de darle un golpe certero a la ALP, acaba de conceder la solicitud al ministro de Economía, el señor Montenegro para que no comparezca ante la ALP para interpelación y de este acto, ya no podemos interpelar a ningún ministro", aseveró.
El legislador agregó que con esa decisión de la Sala Constitucional, los ministros de Estado ya no rendirán cuentas a los bolivianos sobre su administración.
"Los ministros ya no van a rendir cuentas al país y van a seguir administrando de mala forma como lo vienen haciendo", dijo.
La medida cautelar argumenta que existe un vacío jurídico en la Ley 1350 que regula los efectos de la censura determinada por el Legislativo, en referencia al artículo 4. "(IMPOSIBILIDAD DE DESIGNACIÓN). I. La Presidenta o el Presidente del Estado, no podrá designar como Ministra o Ministro a la ciudadana o ciudadano que hubiera sido censurada o censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en los tres (3) años posteriores a su destitución."
Este argumento legal fue expuesto por representantes legales de, al menos, ocho ministerios, quienes en conjunto solicitaron la suspensión de las interpelaciones como medida cautelar en su condición de terceros interesados. Frente a esta acción legal del Órgano Ejecutivo la defensa legal de la ALP no resguardó la atribución constitucional de fiscalización como responsabilidad ante el Estado.
Eguez remarcó que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro debía ser interpelado por el caso de la Gestora Pública el pasado 16 de agosto, pero se suspendió por efecto del Amparo.
De acuerdo con el calendario de interpelaciones, el próximo 6 de septiembre debía ser interpelado el ministro de Energía e Hidrocarburos, el 13 de septiembre se fijó fecha de interpelación al Ministro de Medio Ambiente y Agua, el 20 de septiembre el ministro de Gobierno, sobre quien además pesan otras siete interpelaciones pendientes, en tanto, el 13 y 20 de septiembre debía ser interpelado el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
"Esta determinación judicial lesiona gravemente la responsabilidad y atribución específica de fiscalización conferida a la ALP. Esto implica negar al país conocer el manejo y destino de los bienes públicos. En este caso específico los aportes de los trabajadores, recientemente bajo administración de la Gestora Pública (...) vemos que el Órgano Ejecutivo y la actual presidencia de la Cámara de Diputados orquestaron otra artimaña para evitar que se los fiscalice", cuestionó el legislador de Creemos.