Ven que ley aprobada en el Senado no garantiza elección de jueces meritorios
El proyecto de Ley (144) Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024 conlleva riesgos, como la falta de garantías para la selección de magistrados idóneos, independientes y meritorios para los altos cargos del Órgano Judicial, mayor retardación de justicia y riesgo de cuoteo político, señalaron dos abogados constitucionalistas.
La Cámara de Senadores aprobó el jueves por dos tercios y remitió a Diputados el proyecto de ley para viabilizar la preselección, elección y posesión de magistrados a los altos cargos judiciales hasta los primeros días de febrero. Se dejó de lado etapas contempladas en el proceso de 2017, como el examen de competencia y la entrevista.
El abogado constitucionalista y exmagistrado José Antonio Rivera señaló que el contenido de la ley es un retroceso en la elección de magistrados. Dijo que con el “argumento de abreviar plazos para cumplir con las elecciones judiciales están estableciendo la selección de candidatos sólo con la comprobación de méritos, dejando de lado el examen y la entrevista que permiten evaluar la idoneidad profesional y ética de los postulantes”. “Van a decidir sobre la acumulación de papelitos y cartones”, sostuvo.
Por lo tanto, no se garantiza la designación de magistrados de excelencia, idóneos, independientes y meritorios.
Por su parte, el abogado constitucionalista Juan del Granado indicó que hay un esfuerzo de consenso para llevar adelante las elecciones judiciales desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) “al haberse liberado del chaleco de los plazos procesales y abrir la posibilidad de designar magistrados en febrero”. Sin embargo, cuestionó la eliminación de la evaluación integral, del examen de competencia y de la entrevista a los postulantes a magistrados.
“De acuerdo con la norma, sólo se realiza la evaluación de títulos profesionales, pero la idoneidad personal y profesional no sólo viene de los títulos”, señaló Del Granado.
Retardación
“Al final del camino serán unas elecciones que no van a contribuir en nada para enfrentar la crisis estructural en la que se encuentra el sistema judicial boliviano con una grave retardación de justicia, falta de independencia e imparcialidad, elevados niveles de corrupción nunca esclarecidos y la mala calidad del servicio judicial, entre otros problemas”, afirmó Rivera.
Riesgo de cuoteo
Con la ley aprobada, no hay visos de mejora del sistema judicial y más bien existe el riesgo de la cooptación total o posible cuoteo en la selección de los candidatos sobre la base de los concursos de méritos, adicionando afinidades políticas e ideológicas. “Eso sería fatal y ojalá no suceda”, enfatizó Rivera.
Del Granado cuestionó la modalidad de elección de 2/3 por plancha y no uno por uno. A su juicio esto puede dar lugar o encubrir un posible cuoteo, “que las tres fuerzas políticas se distribuyan las postulaciones para que todos cumplan sus compromisos”.
Para Rivera, se trata de un proceso improvisado y acelerado que no establece un mecanismo que permita la comprobación de la idoneidad ética, judicial, social, política y psicológica. “Se reduce sólo a concurso de méritos como en 2011 cuando tuvimos los magistrados que tuvimos”, lamentó.
Aseguró que para ser juez de los altos tribunales no es suficiente tener conocimientos enciclopedistas, pues se requiere de “capacidades, habilidades, destrezas para el ejercicio de la función, y eso hay que comprobarlo antes de hacer la designación”.
Sobre los criterios de selección, Rivera cuestionó que el puntaje de habilitación para los postulantes a magistrados es muy bajo, sólo 65 puntos, “pasan raspando”. Además, dijo, se sobrevaloran los títulos académicos sobre la experiencia en cargos de jueces o magistrados.
Sobre el tema, Del Granado indicó que calificación es baja, “no estamos buscando excelencia cuando se necesita la mayor excelencia posible en lo profesional y en lo personal para cargos de tanta importancia”.
La gestión de los magistrados concluirá el 31 de diciembre y desde entonces no se emitirán sentencias hasta la posesión de las nuevas autoridades prevista para el mes de febrero, según el proyecto de ley.
