El Tribunal Constitucional admite consulta y paraliza ley de judiciales
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió admitir la consulta de control de constitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respecto a la Ley Transitoria de las Elecciones Judiciales.
Según informó Correo del Sur, el TCP admitió el recurso una vez que la Sala Plena del TSJ subsanó las observaciones iniciales.
“La Comisión de Admisión, en virtud a lo establecido por el artículo 114 del Código Procesal Constitucional, resuelve admitir la consulta sobre la constitucionalidad del artículo 2 de la Disposición Adicional Sexta del proyecto de ley 144/2022-2023, denominado proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024”, señala la decisión del TCP.
Asimismo, el TCP dispone paralizar el tratamiento de la ley hasta que resuelva el recurso presentado por el TSJ, en un plazo máximo de 30 días.
“(Se resuelve) suspender el procedimiento de aprobación del cuestionado proyecto de ley 144/2022-2023, denominado Proyecto de ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024, en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, señala la resolución del Tribunal Constitucional.
Así, la ley, que ya fue aprobada por el Senado, quedará sin ser tratada por la Cámara Baja y se corre el riesgo que las elecciones judiciales no puedan desarrollarse ni siquiera en enero de 2024.
El TSJ pide no dejar vacante al Órgano Judicial.
Paralelamente, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, pidió a las instancias competentes no dejar vacante al Órgano Judicial y acordar una solución respecto a la situación de las elecciones judiciales.
“No pueden dejar al pueblo boliviano con una vacancia del Órgano Judicial sin impartir justicia a los bolivianos, porque se ha explicado que existen competencias muy propias de los altos tribunales”, dijo Torres en contacto con Erbol.
Fin de mandato
Las altas autoridades del TSJ, TCP, Consejo de la Magistratura y el Tribunal Medioambiental fenecen sus mandatos el 31 de diciembre; sin embargo, ante los retrasos para la realización de las elecciones judiciales los cargos podrían quedar acéfalos a partir de esa fecha.
Torres, en ese sentido, advirtió que, de quedarse en vacancia los altos tribunales, dejarían de ejecutoriarse casos penales, se dejaría sin tutelarse recursos relativos a derechos construccionales y se afectaría la selección de jueces.
Finalmente, sobre la consulta que presentó ante el TCP, Torres explicó que la decisión se tomó al considerar que el proyecto de ley generaría una vacancia en los altos tribunales y suspende plazos procesales.
