Fiscal pide 30 años de cárcel para Áñez; juristas ven faltas al debido proceso
Todos los procesos en contra de la expresidenta Jeanine Áñez están viciados desde su inicio, porque hay faltas gravísimas al debido proceso, al principio de inocencia y a la independencia del Órgano Judicial y del Ministerio Público, coincidieron por separado los abogados y analistas Eusebio Vera y Franco Albarracín.
Ayer, el Ministerio Público imputó formalmente a Áñez, a tres exministros y a varios exjefes militares y policiales por la muerte de 20 civiles durante la crisis de 2019 en Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabam) y pidió que se aplique la pena máxima de 30 años de prisión.
Vera señaló que se vulnera "una vez más” los derechos de Áñez, porque a ella le corresponde un juicio de responsabilidades.
Además, indicó que el Gobierno de Arce quiere mostrar su poder a sus militantes en este periodo en que hay una guerra por el liderazgo al interior del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
A juicio de Albarracín, el caso de Áñez terminará en estrados internacionales con sanciones contra del Estado boliviano, porque es “un proceso fraudulento e ilegal”.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga denunció que el gobierno está utilizando el caso de Áñez como una estrategia política.
“Pretenden sentenciarla a 30 años para ganar la confianza de su militancia para 2025”, dijo.
La expresidenta criticó y rechazó los cargos de genocidio que se le atribuyen. “Me acusan de genocidio como si fuera Hitler, Hamás o las dictaduras que aplauden. Genocida es matar al pueblo de hambre y droga, intoxicación con mercurio o incendios, cercar ciudades, prohibir el paso de oxígeno y alimentos”, publicó en redes sociales.
Denunció que la “arrancaron” de su hogar, en marzo de 2021, cuando fue detenida y afirmó que “los cobardes hacen leña del árbol caído”.
Sostuvo que no habrá justicia en tanto no se realice un juicio de responsabilidades y Evo Morales responda ante un Tribunal.
Acusación
El fiscal general, Juan Lanchipa, dijo que por las muertes en Sacaba y Senkata “se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años de privación de libertad” por “genocidio”, porque hubo una “grave vulneración a los derechos humanos” y “ejecuciones sumarias”.
Entre los acusados están los exministros de Defensa, Gobierno e Hidrocarburos, Luis Fernando López, Arturo Murillo y Víctor Hugo Zamora, respectivamente, y alrededor de una treintena de excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
Acusaciones
La Fiscalía sostuvo que durante la acción conjunta de militares y policías, el 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, Áñez habría tomado “contacto con el alto mando de las Fuerzas Armadas en el instante mismo del operativo” y asumió el “control absoluto” .
Los comandantes militares y policiales habrían “ordenado” la participación de grupos especializados “muñidos con armamento y munición bélica”.
En Senkata, se habría ejecutado un plan de “exfiltración de combustible” mientras en la zona se realizaban “numerosas protestas”.
