Defensoría del Pueblo pide no bajar la atención a incendios y al estado adecuar la gestión de riesgos
Producto de los incendios que se registran en Santa Cruz, Cochabamba, Beni y La Paz, la Defensoría del Pueblo hace seguimiento continuo de las acciones y coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno, para identificar la vulneración de derechos humanos y de la Madre Tierra.
Nuestra institución lamenta de sobremanera la pérdida del hábitat donde viven las familias indígenas originarias y campesinas en alta vulnerabilidad. Como resultado de 13 verificativos in situ, la Defensoría del Pueblo advierte la vulneración de los derechos humanos, como el derecho al medio ambiente sano; a la salud; a la vida, a la vivienda y a la alimentación.
Asimismo, los incendios forestales han afectado Áreas Protegidas de carácter nacional, identificando la vulneración de los derechos de la Madre Tierra, como: el derecho a la vida; a la diversidad de la vida; al agua; al aire limpio: al equilibro; a la restauración; y a vivir libre de contaminación establecidos en las Leyes N° 071 y N°300.
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo recomienda al Estado: la implementación de planes y la gestión de recursos correspondientes que permitan la recuperación de los ecosistemas afectados por incendios, así como; la incorporación de instrumentos de evaluación y control de la calidad ambiental, el monitoreo de la flora y fauna silvestre afectada; la elaboración de planes que fortalezcan las actividades productivas agropecuarias en el sector afectado; y la restitución de las áreas forestales.
Asimismo, la ampliación de los servicios y especialidades que brinda a través de la Unidad de Atención de Emergencias y Desastres, brindando una atención integral y sostenible en el tiempo para sus pacientes; la evaluación de la aplicación de programas para la restitución de viviendas y la incorporación de acciones para la restitución del servicio de agua en comunidades afectadas; y la implementación de programas de reforestación en los lugares cercanos a las fuentes de agua.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo recomienda la adecuación normativa de la Ley 602 con la que opera el Sistema de Gestión de Riesgos, creada el 2014, misma que no responde a la actual crisis climática que el planeta atraviesa como la denominada como la “era de la ebullición climática”, fenómeno que obliga a ajustar las normativas y procedimientos para la gestión de bosques y la producción agrícola.
Por tanto, se exhorta a todos los niveles de gobierno a reforzar la articulación de acciones conjuntas para atención de los incendios forestales; y se convoca a toda la sociedad civil, en su conjunto, a unirse para coadyuvar en proceso de sofocación de incendios y coadyuvar en la atención de las emergencias humanitarias y de la Madre Tierra.
