Gobierno califica de "sabotaje económico" la falta de aprobación del PGE 2024 en la ALP
El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, calificó de "sabotaje económico" a la gestión de Gobierno la no aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 en el Senado, lo cual "afecta directamente" a los gobiernos subnacionales, universidades y al propio Ejecutivo y Legislativo nacional.
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"En la reunión con los alcaldes se habló de un sabotaje económico a la gestión de Gobierno desde el Legislativo. Los alcaldes afirmaron que, si le va bien al Gobierno, le irá bien a las alcaldías y gobernaciones y por su puesto al pueblo boliviano", dijo en rueda de prensa.
El presidente Luis Arce y los alcaldes de las nueve capitales del país, más El Alto, se reunieron el miércoles en La Paz, hablaron de economía, censo y del boicot "por algunos" legisladores a la aprobación de recursos y créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En la oportunidad, los alcaldes acordaron coordinar acciones en contra de la obstaculización de créditos en la Asamblea, que afectan la gestión y la ejecución de políticas públicas.
A la par, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en horas de la noche, con modificaciones, el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, por lo cual lo devolvió a la Cámara de Diputados para su consideración.
Se modificaron los artículos 7 y 8 de la propuesta normativa y se incorporó una enmienda en el artículo 14. La norma ya había sido ajustada en un artículo por la Cámara de Diputados durante su aprobación el 16 de diciembre.
"Hasta ahora no se aprobó el presupuesto para el próximo año, eso quiere decir que hasta la fecha los gobiernos municipales, departamentales, las entidades descentralizadas, ni el propio Gobierno y la Asamblea tienen aprobado su presupuesto. Mientras el Gobierno está preocupado en hacer gestión, otros están enfocados en perjudicar y hacer política", lamentó Ruiz.
Afirmó que desde el Ejecutivo se cumplió con la normativa en torno al presupuesto, se envió el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa y debe ser aprobado por las cámaras de Diputados y Senadores.
"Todos los sectores y entidades que se vean afectados pueden iniciar las acciones pertinentes, no se puede perjudicar la gestión por caprichos políticos de unos cuantos legisladores", sostuvo.
