En 3 años caso de presos por 2019 no cambia
Desde que el Gobierno de Luis Arce tomó el poder en noviembre de 2020, la Policía y el Ministerio Público no han cesado de realizar detenciones contra exfuncionarios de la gestión de Jeanine Áñez, exautoridades militares y policiales y dirigentes sindicales adversos al Movimiento Al Socialismo (MAS).
Este 2023 la situación de la mayoría de los detenidos se mantiene sin variaciones, con algunas excepciones de personas que optaron por el proceso abreviado y a otras se les amplió la detención preventiva por varios meses.
Según organizaciones de Derechos Humanos, en Bolivia existen alrededor de 200 presos políticos, todos a consecuencia de los conflictos sociales ocurridos luego de las elecciones generales de 2019.
Los casos abiertos por el Ministerio Público son Golpe de Estado I y Golpe de Estado II y los delitos son sedición, terrorismo y otros como incumplimientos de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
La mayoría de estos casos está sin sentencia y los acusados guardan detención preventiva o tiene medidas sustitutivas.
El observador de Derechos Humanos y asesor de la Asociación de Familiares de Perseguidos y Presos Políticos (Afavin), Fernando Hamdan, recordó el pasado noviembre que después de la posesión de Arce en 2020 se detuvo al exdirector de Migración Marcel Rivas por el caso conocido como Alertas Migratorias y fue el inicio de “decenas de detenciones políticas con el aparato judicial como brazo operativo del Gobierno”.
Para el activista Franco Albarracín, se trata de una evidente persecución política del Gobierno del MAS contra los opositores y los que piensan diferente. “El Gobierno utiliza la justicia como brazo operativo para perseguir a quienes lo incomodan”, sostiene.
Cifras de detenidos
Según la organización Global Human Rights League, en el país existen 279 presos políticos y aplica como marco de referencia la definición de “preso político” de la comisión de asuntos jurídicos y derechos humanos del 5 de septiembre de 2012.
Esta organización considera preso político a toda persona privada de su libertad :
a) Si la detención ha sido impuesta en violación de una de las garantías fundamentales consagradas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus Protocolos, en particular, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de expresión y de información, la libertad de reunión y de asociación;
b) Si la detención ha sido impuesta por razones puramente políticas, sin conexión con cualquier delito;
c) Si, por motivos políticos, la duración o las condiciones de la detención están claramente fuera de proporción con el delito por el cual la persona ha sido declarada culpable, o presunto responsable;
d) Si, por motivos políticos, él o ella son detenidos en forma discriminatoria en comparación con otras personas; o,
e) Si la detención es el resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y ésta parece estar relacionado con motivos políticos de las autoridades”.
Si se aplica al detenido cualquiera de estos cinco argumentos, sí se trata de un “preso político” según Global Human Rights League.
En las página web de esta organización https://ghrl.org/new-home-america-bolivia-presos-perseguidos-y-refugiado... existe una lista de 279 personas que serían presos políticos en el país.
El Gobierno lo niega
En tanto, para el ministro de Justicia, Iván Lima, no existen presos políticos en Bolivia. Eso aseguró el pasado 13 de noviembre cuando respondió a un cuestionamiento del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.
“En Bolivia no hay ningún preso político (…). Ellos tendrán que explicar qué presos políticos hay. Lo exhorto a Andrónico que le explique al país qué presos políticos existen y que nos pase la lista”, dijo a los periodistas en La Paz.
La polémica surge porque Andrónico firmó la agenda de nueve puntos, que la oposición puso como condicionante para elegir la directiva del Senado. El punto ocho del documento señala el respeto al debido proceso para presos políticos.
Lima, consideró Rodríguez, ha cometido una “traición” al haber firmado la agenda planteada por la oposición que habla de respetar el debido proceso de “presos políticos”.
Las detenciones no solamente afectan a políticos y exautoridades, también están dirigentes sindicales como el cocalero de Yungas César Apaza.
La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) exigió al Gobierno la liberación de tres dirigentes cocaleros, entre ellos Apaza, hasta el 8 de enero, caso contrario amenazan con asumir medidas de presión que se definirá en la asamblea de socios que se llevará a cabo el en enero de 2024.
Franco Albarracín Activista Derechos Humano
El Gobierno utiliza la justicia como brazo operativo para perseguir a quienes lo incomodan. Se trata de una evidente persecución política”.
Iván Lima Ministro de Justicia
Que le explique al país qué presos políticos existen y que nos pase la lista. Andrónico, espero la lista de los presos políticos en la nota que has firmado con los senadores”.
Global Human Rights League Organización DDHH
La violación a los derechos fundamentales en Bolivia no son casos aislados, son a grupos de personas que NO comparten el comportamiento totalitario de los que gobiernan”.
