Judiciales en el limbo; optan por la prórroga

País
Publicado el 30/12/2023 a las 1h15
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Desde febrero de 2023, el proceso de elección judicial “nació muerto” debido a la intransigencia política y la intención de imponer un reglamento de preselección hecho a la medida del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). Dos proyectos de ley de preselección, una norma promulgada, otra transitoria, todas observadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), fueron el corolario del fracaso, además del reflejo de la falta de consenso, la falta de predominancia del oficialismo en el Legislativo, complicada por la división interna del partido azul, para derivar en la prórroga de magistrados y consejeros.

En las dos últimas elecciones judiciales, 2011 y 2017, el MAS llevó adelante este proceso contra viento y marea e impuso a los altos cargos de la justicia con sus dos tercios, sin que medie división alguna, a diferencia de esta tercera versión, porque ningún partido ostenta un dominio en el escenario parlamentario.

Primeros pasos

Con el dominio del MAS en las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, pese a pregonar la búsqueda de consenso para contar con una convocatoria transparente no prosperó.

El 8 de marzo de 2023, la Comisión Mixta de Constitución, presidida por la senadora Patricia Arce, inicia el tratamiento de un reglamento propuesto por el MAS. La oposición plantea modificaciones al reglamento, además de proyectos alternativos, pero el 22 de marzo se aprueba el documento en la comisión y el 27 el pleno de la ALP por mayoría absoluta. Es así que el 29 de marzo se inicia el registro de postulantes.

Sin embargo, el registro se suspende debido a la presentación de dos acciones, porque el reglamento lesionaba derechos de potenciales candidatos, que es aceptada por una sala constitucional, aspecto que fue ratificado por el Tribunal Constitucional, además de exhortar a la Asamblea generar condiciones para la construcción de un documento a través de consensos políticos.

El 19 de abril, la Comisión Mixta de Constitución aprueba otra convocatoria y reglamento. El reglamento se ratifica mediante resolución en la ALP y el 22 de abril se retoma el proceso de inscripciones.

Pero, el 27 de abril se paraliza nuevamente el proceso por una acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por un diputado de Creemos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), debido a que el reglamento y la convocatoria fueron aprobadas por resolución (requisito mayoría simple) y no por ley (requisito dos tercios) como dice la Constitución.

No funciona ni ley corta

En medio de estos desaciertos, con vigencia de medidas cautelares al proceso de preselección, en el Legislativo se aprueba una denominada ley corta para garantizar la preselección de candidatos a los altos cargos judiciales, normativa promulgada por el presidente Luis Arce el 5 de junio de 2023.

La norma de cinco artículos y tres disposiciones transitorias; plantea una reducción de plazos para la elección de las autoridades judiciales, además de establecer la aprobación de un reglamento consensuado.

Esta ley no tuvo éxito, el 3 de julio la Comisión Mixta sesiona para reactivar el proceso de preselección, pero vuelven a consultar al TCP ante denuncias de injerencia en otro órgano del Estado. El 7 de julio nuevamente se somete a voto la reactivación del proceso, pero se decide esperar el fallo del Constitucional.

Plazos vienen, plazos van

Durante este periodo, junio, julio, agosto, el Legislativo evalúa tiempos para realizar los comicios judiciales, reduce los tiempos de 150 a 120, 90 y 80 días para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organice el proceso.

Pero, desde el Órgano Electoral se puso el plazo fatal para el 4 de septiembre para que la Asamblea haga llegar la nómina de candidatos, caso contrario no se hacen responsables de realizar los comicios en 2023.

Senado y autoprórroga.

En estas idas y venidas, el 31 de agosto el Senado aprobó un proyecto de ley que acorta plazos y simplifica el procedimiento para lograr la elección este año, además incluía unas disposiciones transitorias específicas en relación a la improrrogabilidad de las actuales autoridades, sistema de atención de los servicios judiciales y otros.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, cámara revisora del proyecto aprobado en el Senado, anunció la consulta al Órgano Electoral, al Ministerio de Justicia, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al Consejo de la Magistratura.

Esto le dio al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia la posibilidad presentar una solicitud de control previo de constitucionalidad del proyecto de ley de convocatoria ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Cerca al plazo de emitirse la resolución, el 8 de noviembre, el Presidente del TSJ presentó una nueva solicitud, ampliando el objeto de la consulta, pidiendo al TCP anticipadamente a los hechos pueda prevenir un “vacío de poder indefinido que atente contra el principio de continuidad al servicio”, si es que las elecciones judiciales no se daban oportunamente.

Ante la falta de pronunciamiento, el Legislativo conminó al Tribunal Constitucional para que emita una resolución sobre las consultas.

Ante la presión, el TCP emite una Declaración Constitucional en que declara inconstitucionales varios artículos del proyecto aprobado en el Senado, además establece la ‘continuidad en funciones’ hasta que se realicen las elecciones.

Esto motivó a anuncios de juicios de responsabilidades, penales y otros, pero también que desde la Asamblea se trabajará en una ley para realizar las judiciales en el menor tiempo posible.

Eduardo Rodríguez Veltzé Expresidente de Bolivia

Dilataron las judiciales, hoy resulta tardía e inverosímil su invocación de la CPE y la democracia. Ningún órgano del Estado puede delegar funciones de otro.

Luis Arce Catacora Presidente del Estado

¿Qué responsabilidad tenemos como Gobierno de que no haya elecciión judicial?, ¿Quiénes han estado manejando las comisiones para aprobar convocatoria?

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