Las claves del plan de austeridad con el que el Gobierno busca ahorrar Bs 1.000 millones
El Ministerio de Economía publicó una instructiva en la que intruye a las entidades del sector público una política de austeridad, que consiste en racionalizar o reducir sus gastos sin afectar su funcionamiento.
¿Qué implica este plan y qué busca el Gobierno? Te presentamos las claves de esta disposición.
1.- Según la viceministra de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Camelia Delboy, esta normativa se emite cada año, desde 2021, en el marco de un plan de austeridad que busca ahorrar gastos al Estado y efectivizar el uso de recusos.
2.- El objetivo, según la Viveministra, es ahorrar mil millones de bolivianos en la gestión 2024. El dinero ahorrado luego será invertido en diferentes proyectos.
3.- Los años 2022 y 2023 ya se registraron algunos ahorros en los ítems de la normativa de austeridad. Las entidades públicas ejecutaron para 2022 un 74% en gastos públicos, mientras que para 2023 se disminuyó a 68% esta cifra.
4.- La política de austeridad establece que las entidades públicas deben reducir los gastos en viáticos, gastos en bienes y servicios de consumo, como publicidad y difusión; renovación y alquiler de vehículos, a lo estrictamente necesario.
5.- También menciona los servicios de imprenta, optando para la difusión de sus publicaciones, memorias institucionales y otros medios electrónicos y página web institucional. Quedó prohibida la impresión de agendas.
6.- También establece mesura en los gastos de pasajes y viáticos, por reuniones u otros, procurando el uso de tecnologías de información para su efectiva comunicación. "Las reuniones ahora pueden ser por plataformas virtuales", dijo.
7.- Para los activos fijos, como equipos de oficina y de computación, se busca asegurar que su adquisición sea de prioridad institucional. Además, los activos dados de baja pueden ser donados a otras entidades que necesiten o puedan darle otro uso.
8.- La compra o alquiler de bienes inmuebles solo será posible en casos de extrema necesidad, y previo análisis del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape).
9.- El servicio de telefonía celular queda autorizado únicamente a funcionarios del primer y segundo nivel jerárquico de la administración central, cualquier excepción deberá estar autorizada por la máxima autoridad ejecutiva (MAE), a través de resolución expresa, bajo su responsabilidad.
10.- Todas las entidades del sector público deben cumplir la normativa: del nivel central del Estado, subnacional, empresas públicas y universidades estatales.
