Paraguay informó a Bolivia sobre la suspensión del proceso de extradición de exministro López
El Estado boliviano ya fue notificado de manera formal por la República de Paraguay sobre la suspensión del proceso de extradición que se estaba tramitando en contra del exministro de Defensa, Luis Fernando López, por el caso de los gases lacrimógenos.
Mediante una nota diplomática a la que tuvo acceso Erbol, fechada el 30 de abril de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay comunicó a su par boliviano el fallo de un juzgado de Asunción que dejó sin efecto la detención preventiva de Luis Fernando López Julio y suspende el proceso de extradición, debido a que el exministro se encuentra tramitando su estatus de refugiado.
Esta nota diplomática también fue transmitida al Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz el pasado 10 de mayo, puesto que en esa instancia se desarrolla el caso gases lacrimógenos.
"La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en la República del Paraguay remite la nota VMAAT/DAL/N° 1005/2024 de 30 de abril de 2024 proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país que informa que mediante Resolución A.I. N° 9 resolvió suspender el procesamiento especial con fines de Extradición iniciado a Luis Fernando López Julio, respecto a que el requerido se encuentra tramitando su estatus de refugiado en ese país, correspondiendo suspender la solicitud de Extradición hasta tanto sea resuelta la cuestión de la solicitud de Refugiado", refiere la nota enviada por la Cancillería de Bolivia al Tribunal que conoce la causa.
López salió de Bolivia en noviembre de 2020 y se refugió en Brasil, cuando el MAS retornó al Gobierno. Se conoce que a mediados de 2023 se trasladó a Paraguay.
Desde entonces, el exministro ha recibido un estatus de refugiado político provisional concedido por la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare-Paraguay).
El proceso contra el exministro López en Bolivia surge por la compra con sobreprecio que realizó el Ministerio de Defensa de gases lacrimógenos a la empresa intermediaria Bravo, la cual estaba manejada por allegados del exministro Arturo Murillo.
