Bolivia registra 57.280 embarazos forzados al año de niñas y adolescentes
Desde 2014 a septiembre del 2023, el Estado boliviano documentó 4.804 matrimonios de adolescentes mujeres de 16 y 17 años, de los cuales el 38% tiene 16 años y el 62% 17 años, según un informe de la Defensoría Del Pueblo.
Según datos del Servicio de Registro Cívico (Sereci ) se constató también la existencia de 487 matrimonios de niñas de 12 años y adolescentes de 13, 14 y 15 años, posterior a la promulgación de la Ley 603, la cual establece que la edad mínima para contraer matrimonio en Bolivia es a los 16 años.
El defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya Aro, presentó el martes el Informe Defensorial “Sueños Interrumpidos”, el cual analiza la vulneración de derechos de niñas y adolescentes mujeres, emergentes de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF) y del embarazo infantil forzado (EIF) en Bolivia y que fue desarrollada durante la gestión 2023.
En relación con los casos de Embarazo Infantil Forzado (EIF), conforme los datos del Ministerio de Salud y Deportes, desde la gestión 2015 a septiembre del 2023, se registró 458.246 embarazos de niñas y adolescentes. Al año la cifra llega a 57.280. El informe también evidencia una clara tendencia de disminución del embarazo de niñas y adolescentes mujeres en el país. El porcentaje es de 57 en relación con los datos registrados desde 2015 a 2022.
De la información proporcionada por el Ministerio de Salud, se evidenció que en 16 municipios, en el país, existe un alto porcentaje de embarazos de niñas y adolescentes mujeres de 10 a 19 años, superior al 35% del total de embarazos registrados en cada municipio durante la gestión 2022.
Respecto a los registros de embarazos de niñas de 10 a 14 años a nivel nacional, se identificó 10 municipios donde se habría registrado más de 35 embarazos en la gestión 2022, entre las que se encuentran cinco municipios del área rural: Riberalta, Montero, Guayaramerín, San Borja y San Ignacio de Velasco.
El Defensor del Pueblo recomendó a instituciones nacionales incidir para que los municipios identificados con un índice superior al 16.5% de embarazos de niñas y adolescentes realicen la reasignación de presupuestos para la disminución de estos índices como una medida vinculada con el cumplimiento del art. 23.III del Código Niña, Niño y Adolescente.
Pidió también fortalecer la atención en los servicios de salud en los municipios que registran mayor cantidad de embarazo de niñas de 10 a 14 años, además de orientar sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo, y derogar el artículo 139.II y III y artículo 170 del Código de las Familias y del Proceso Familiar.
