En dos años, Bolivia perdió tres casos en la Corte IDH; ahora espera un juicio

En los últimos dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sentenció a Bolivia por tres casos y notificó al Estado con un nuevo juicio por el caso terrorismo. Todos responden al incumplimiento de las garantías judiciales y la falta de respuesta efectiva de la justicia para con las víctimas, coincidieron los especialistas.

Se trata de sentencias dictadas en 2022 contra Bolivia por una desaparición durante la dictadura militar; torturas en un operativo policial, y agresión sexual a una adolescente. El mes pasado, se sumó la notificación de un juicio por el caso terrorismo, por asesinatos extrajudiciales y torturas en el hotel Las Américas.

El experto en derechos humanos Ramiro Orías indicó que los cuatro casos por los que Bolivia fue y es juzgada evidencian que la justicia boliviana no hizo su trabajo. El Ministerio Público no investigó las violaciones de los derechos fundamentales; los jueces, en la mayoría de los casos, actuaron tardíamente; no se cumplieron con las garantías del debido proceso para las víctimas ni con los plazos, y se perpetuó una situación de impunidad de estos abusos de poder. “La justicia es culpable y no sólo lo son los excesos policiales y abusos”, sostuvo,

Las causas elevadas por las víctimas ante la Corte IDH muestran que los jueces “son los cómplices para que haya un estado de impunidad por la comisión de la violación de los derechos humanos”, añadió Orías

Sobre el tema, el activista en derechos humanos Franco Albarracín lamentó que las víctimas hayan tenido que acudir a instancias internacionales en busca de justicia, por la falta de atención en los juzgados y en la Fiscalía. Sin embargo, pese a las sentencias, no hay la voluntad para cumplir con la reparación del daño a las víctimas o sus familias.

Los casos

Bolivia fue sentenciada por el caso Brisa Angulo Losada, por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la vida privada y familiar, a los derechos de la niñez, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial amparados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así como por el incumplimiento de las obligaciones de prevenir, investigar y sancionar la violencia a las mujeres emanadas de la Convención de Belém do Pará. 

Al abuso y violencia sexual sufridos por la víctima, una adolescente de 16 años en ese entonces, se sumó la retardación de la justicia boliviana, que por más 20 años no logró hacer justicia en su favor, y más bien la sometió a condiciones de revictimización.

Los fiscales no llevaron a cabo una investigación diligente, ni encausaron debidamente el proceso penal con base en las pruebas disponibles. Los jueces no actuaron en un plazo razonable ni tomaron las medidas necesarias para evitar su revictimización. 

La Policía y los forenses la sometieron a exámenes físicos innecesarios, abusivos y vejatorios de su intimidad y privacidad.

La abogada de la Fundación Una Brisa de Esperanza (FUBE), Leonor Oviedo, informó que, a la fecha, se avanzó poco en el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Mencionó el reconocimiento público del caso y por los medios de comunicación, pero lamentó la dificultad en el Legislativo para tratar el proyecto de ley de la inclusión del delito penal de violación incestuosa como una medida para evitar la repetición del daño.

Juan Carlos Flores 

La segunda sentencia se dio en el caso Juan Carlos Flores Bedregal, de hace más de 40 años, en el periodo militar. La sentencia determina que el Estado de Bolivia es responsable por la desaparición forzada de Flores Bedregal, por violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y libertad personal, establecidos en la Convención Americana, así como por la violación de las garantías judiciales, la protección judicial y el derecho de acceso a la información pública. 

Las demoras que se han dado en este caso, según la Corte, constituyen una infracción a las obligaciones estatales de debida diligencia en el inicio e impulso de la investigación sobre la desaparición de Flores Bedregal y por la retardación en la investigación, el juzgamiento y la sanción de los responsables.

Sobre el caso, Albarracín señaló que el Estado no tiene la voluntad suficiente para buscar los restos de Flores Bedregal, pese a que existen indicios que están ocultos en las instalaciones del Estado Mayor, en la ciudad de la Paz. 

Blas Valencia

La tercera sentencia  por el caso Blas Valencia Campos declaró responsable al Estado boliviano por actos de tortura y otras vejaciones cometidas por agentes policiales en el marco de allanamientos y detenciones ilegales realizadas dentro de un operativo para capturar a los sospechosos de un atraco a una camioneta que transportaba valores, en diciembre de 2001. 

Las torturas y vejaciones, a pesar de haber sido denunciadas por la defensa legal de las víctimas en varias instancias internas, no fueron objeto de una investigación diligente. Además, las dificultades en el contacto con la defensa de oficio implicaron también violaciones del derecho a la defensa.

“Las tres sentencias de la Corte Interamericana califican a la justicia boliviana como cruel, que agrede con sus excesos, una justicia que con su omisión y letargo se constituye en un factor de violencia institucional, un segundo agresor que no puede seguir impune”, sostuvo Orías.