Agroindustriales e interculturales son los favorecidos por los incendios
Los grandes empresarios de la agroindustria y los colonizadores interculturales son los principales beneficiados de la ampliación de la frontera agrícola generada con la deforestación y las quemas, coincidieron expertos.
El investigador y director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Miguel Vargas, señaló que detrás de la expansión de la frontera agrícola a través de la deforestación y las quemas está el agronegocio, que tiene como actores principales a las grandes empresas agropecuarias, pero también a los interculturales.
Para Vargas, los incendios recurrentes responden al modelo económico extractivo agropecuario asentado en Santa Cruz, que tiene a grandes empresas como los actores más visibles y también a medianos y pequeños productores colonizadores interculturales que usan el fuego para habilitar los terrenos, “porque además cuentan con un conjunto normativo de respaldo”.
Vargas señaló que existe una franca disputa por la tierra destinada al agronegocio entre los grandes empresarios y los colonizadores.
Si bien el fuego se origina mayormente en grandes propiedades, la cantidad de incendios invisibilizada se produce en tierras fiscales y en áreas protegidas, “para profundizar el mercado oscuro del tráfico de tierras”.
El investigador lamentó la inacción del Gobierno central que no regula, que no controla y que promueve políticas que favorecen el avasallamiento de tierras.
Sobre el tema, el director e investigador de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, coincidió con Vargas en que las áreas quemadas se concentran principalmente en tierras fiscales, territorios indígenas (TCO) y zonas en proceso de saneamiento.
Recordó que, en 2019, el 46,7 por ciento de los incendios ocurrió en tierras fiscales y en las TCO Guarayos, Monteverde, reserva forestal Guarayos y El Choré, Bajo Paraguá, entre otros, y este año la mayor mancha quemada está en San Matías y El Pantanal, “donde todo indica que el fuego comenzó en las propiedades ganaderas de la zona”.
El factor común detrás de todo es el desmonte mecanizado para habilitar monocultivos en zonas boscosas que deberían estar estrictamente protegidas. “Se ha dicho y con toda razón que las leyes incendiarias provocaron los desastres, pero va más allá de las reformas recientes. En realidad, el marco normativo agroambiental ha sido desde su origen demasiado permisivo, ambiguo y, sobre todo, maleable o manipulable al calor de los intereses económicos y políticos”.
Mencionó como el vacío legal de los “estudios de microcaracterización” para convertir legalmente los bosques protegidos en monocultivos.
Para Colque, la solución de fondo pasa por poner límites a la permisividad legal que existe para desmontar y habilitar monocultivos hasta en el último rincón de la Amazonía. Bolivia carece de una zonificación que determine técnica, ambiental y económicamente, hasta dónde están permitidos los monocultivos y dónde no. “La delimitación en terreno de la frontera agrícola debe ser ciega con respecto a qué tipos de propiedad existen en una u otra zona, si son grandes o pequeñas, o si quienes se creen con derecho a incendiar son cambas o collas”, sostuvo.
El director de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, Juan Carlos Alarcón, coincidió en que los beneficiados con los incendios en tierras fiscales, principalmente, son los agroindustriales y los interculturales interesados en ampliar la extensión de los cultivos de soya a costa del territorio de los indígenas.
