La declaratoria de desastre permitirá mover presupuestos y agilizar ayuda
La declaratoria de desastre nacional permitirá al Gobierno central, a los departamentales y municipales modificar sus presupuestos y hacer transferencias entre partidas presupuestarias para atender las necesidades de las regiones afectadas por los incendios.
Entre otras acciones, las autoridades también quedan facultadas para contratar bienes y servicios bajo la modalidad de contratación por desastres y emergencias para la atención inmediata y oportuna de las poblaciones y sectores afectados; medida que abrevia los procesos y acorta los plazos.
El presidente Luis Arce declaró ayer desastre nacional por los incendios forestales que se prolongan en Bolivia desde hace cuatro meses y rebasaron la capacidad del Gobierno central para sofocarlos, pese a la presencia de brigadas de expertos de otros países producto de la emergencia que rige desde el 7 de septiembre. A la fecha, el fuego persiste en Santa Cruz, Beni y Pando, principalmente.
El gobernador cruceño Mario Aguilera dijo que la medida es crucial para atender las zonas afectadas y recibir el apoyo necesario para combatir la devastación.
Una vez activada la declaratoria de desastre, queda vigente el “régimen de excepción” por un plazo máximo de nueve meses hasta la conclusión de la misma. Se autoriza al Ministerio de Defensa crear el Fondo para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y para captar y administrar recursos para financiar la gestión de riesgos en los niveles nacional, departamental, municipal y autonómico originario campesinas. También se permite gestionar y canalizar la cooperación internacional para la atención del desastre.
Según la normativa, la declaratoria de desastre nacional se realiza cuando la magnitud del evento haya causado daños, de manera que el Estado en su conjunto no puede atender con su propia capacidad económica y técnica, por lo cual se requiere ayuda externa.
A raíz de la normativa, el Gobierno central y los subnacionales deben aplicar las acciones de respuesta y recuperación de los sectores y población afectadas por el desastre declarado a causa de los incendios. Además, los ministerios de Relaciones Exteriores y Planificación gestionarán y canalizarán la cooperación internacional para la atención del desastre.
El Gobierno central debe alistar un plan de recuperación posdesastre. Para la senadora Cecilia Requena, este punto es el más positivo porque habrá ayuda internacional para la etapa posincendios. “Hay familias que perdieron sus casas y sus territorios, que eran fuente de su comida”, sostuvo.
Los legisladores de oposición calificaron de tardía y política la declaración de desastre nacional. Anunciaron procesos por “ecocidio” debido a la deficiente gestión en la atención de los desastres por los incendios.
Impacto del fuego es grave
El Decreto Supremo 5235 “declara situación de Desastre Nacional a causa de la magnitud e impacto de los daños causados por la presencia de incendios en el territorio nacional, conforme a la Ley N° 602” de Gestión de Riesgos.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas facilitará las modificaciones presupuestarias a ser realizadas por las entidades del nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas.
