Sentencian a ocho años de cárcel a los exministros Arturo Murillo y Fernando López
A ocho años de cárcel fueron sentenciados este viernes los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López Julio por el denominado caso “gases lacrimógenos” o compra con sobreprecio millonario de materiales antimotines en la gestión de Jeanine Áñez.
La decisión fue asumida por el Tribunal 6° de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz, que declaró a Murillo y López culpables por los delitos de negociaciones incompatibles y contratos lesivos al Estado, respectivamente, informó el Ministerio de Justicia.
Junto con los exministros fueron sentenciados Ruth Roxana Palomeque Ríos por el delito de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes con cinco años de cárcel; a Sergio Ángel Zamora Bascopé por el delito de incumplimiento de deberes a tres años; y a Brayan Samuel Berkman por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al estado a una condena de siete años.
En cambio, fue declarado absuelto el acusado Dennis Alejandro Vera Rada por los delitos de contratos lesivos al estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Durante la gestión de Áñez, se compró gases lacrimógenos por $us 5,6 millones a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions. Las investigaciones establecieron un sobreprecio de $us 2,3 millones.
Por este hecho fue detenido y condenado Murillo en Estados Unidos a más de cinco años de cárcel. También fueron sentenciados sus cómplices Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman, y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal.
De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Lichtenfeld y Berkman habrían pagado $us 602.000 en sobornos en beneficio de Murillo y Méndez a cambio de asegurar un contrato de $us 5,6 millones para la entrega de gases lacrimógenos y otros equipos no letales al gobierno de Áñez entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
Murillo trató de utilizar el sistema bancario estadounidense para movilizar los dineros de la corrupción. El Ministerio de Justicia afirmó que “este caso enviará un mensaje contundente contra los hechos de corrupción que ocurrieron en el gobierno de facto de Jeanine Añez, durante el último trimestre del 2019”.
