Lanchipa deja al sucesor una Fiscalía cuestionada y casos Zúñiga, Áñez y Evo
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa Ponce, cuya gestión de seis años concluye el próximo 22 de octubre, hereda a su sucesor o sucesora casos sonados como fraude electoral, golpe de Estado I, II y III, gases lacrimógenos, caso respiradores; denuncias de corrupción como el caso de las piscinas de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), y, recientemente, querellas de trata de personas y estupro contra el expresidente Evo Morales, entre los más conocidos.
Además, Lanchipa deja un Ministerio Público cuestionado por su falta de independencia del Gobierno central y con el desafío de encarar una reforma para garantizar una justicia independiente y efectiva en Bolivia, y para recuperar su institucionalidad, coincidieron analistas.
Casos políticos
Para el analista constitucionalista Israel Quino, durante la gestión de Lanchipa no hubo casos de relevancia resueltos que “definan una gestión impecable”; más bien fue el periodo de mayor inflexión institucional al no procesar de oficio, “por ejemplo, a los miembros de la justicia autoprorrogada por atentar contra el mandato de la Constitución Política y poner en riesgo a los órganos de poder y sus equilibrios”.
Ningún juicio de responsabilidades obtuvo sentencia ejecutoriada y los casos más polémicos conocidos como “golpe y fraude” no tienen certezas procesales y avanzan con la misma incertidumbre, “mientras más de 30 muertes, efecto de la crisis política de noviembre de 2019, continúan en la total impunidad”.
El abogado Eusebio Vera cuestionó que los casos de mayor relevancia en la gestión de Lanchipa sean los de carácter político y en este ámbito mencionó los casos en contra de la expresidenta Jeanine Áñez que, a su juicio, “fueron direccionados por el Órgano Ejecutivo; pero serán conocidos por los organismos internacionales debido a la vulneración al debido proceso y a los derechos constitucionales”.
El activista en Derechos Humanos Franco Albarracín mencionó como casos pendientes los de persecución política contra los opositores y los de corrupción como el de las piscinas de YLB. “El Ministerio Público está concentrado en casos políticos que sólo benefician al Gobierno central”, sostuvo.
Cuestionamientos
La gestión de Juan Lanchipa fue objeto de numerosas críticas desde su nombramiento en 2018. Para Albarracín, fue la gestión más deficiente desde la creación del Ministerio Público “por su papel servil al poder político de turno en todos los gobiernos por los que pasó”.
El activista mencionó que la postura asumida por el fiscal general derivó en la profundización de los conflictos en Bolivia y en la polarización y la ruptura del tejido social.
Durante la presidencia de Áñez, Lanchipa fue criticado por perseguir a los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), y cuando Luis Arce asumió la presidencia, se le acusó de hacer lo contrario, enfocándose en casos contra exfuncionarios del gobierno transitorio.
Lanchipa fue designado en medio de cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de selección. Además, su pasado como presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y magistrado del Tribunal Constitucional fue señalado por algunos sectores como evidencia de su cercanía con el partido gobernante MAS.
El jurista Ramiro Orías recordó que el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que el Ministerio Público presenta grandes debilidades en su capacidad de llevar adelante investigaciones objetivas, imparciales y científicas, respetando el debido proceso, generando un marco de impunidad por violaciones de Derechos Humanos, así como de actos de corrupción, cometidos en los últimos años.
“Éste será el gran desafío de construcción institucional que debe asumir el próximo Fiscal. Esto sólo será posible con un fiscal independiente que le devuelva la autonomía que requiere la Fiscalía en esta su labor”, sostuvo.
Desafíos
Para Albarracín, el nuevo fiscal general tendrá la responsabilidad de liderar la reforma de la justicia en Bolivia y ser un actor fundamental en la búsqueda del respeto a los derechos humanos.
“Necesitamos un fiscal que asuma una posición imparcial y entienda que la búsqueda de justicia es clave para frenar los conflictos y para promover la justicia social”, explicó el experto.
Quino recordó que el índice de detenidos preventivos sin sentencia sobrepasa el 65 por ciento, como hace 23 años, cuando entró en vigencia la reforma procesal penal. “Las cárceles hacinadas más un deficiente acceso a la justicia son la prueba de una inexistente política criminal en Bolivia”, dijo.
Para el analista, el próximo fiscal general debe garantizar la institucionalidad del Ministerio Público, debe defender de los derechos de la sociedad, tiene que ser solvente en la persecución penal y objetivo en las investigaciones, “lejana a los intereses del poder y no funcional a los momentos de cambio político”.
La selección está en el Legislativo
El proceso de selección de fiscal general se encuentra en la etapa de examen oral para los postulantes. Esta fase empezó ayer en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La evaluación de méritos comprende 120 puntos, el examen oral es sobre 70 puntos y la presentación del plan de trabajo tiene una calificación de 10. Las preguntas fueron elaboradas por las universidades estatales.
Para para ingresar a la segunda fase, los aspirantes deben sumar 130 puntos.
