Acuerdo político respalda al TSE y blinda las elecciones judiciales
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia junto a los representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y de los partidos políticos reafirmaron ayer la continuación de las elecciones judiciales a pesar de la reciente sentencia constitucional que declaró desierto el proceso en cinco de departamentos del país.
El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, leyó el documento denominado “Segunda declaración por la democracia” que “reafirma la realización de las elecciones judiciales del 15 de diciembre de 2024” y rechaza la sentencia constitucional porque “incurre en una flagrante violación del principio de reclusión”.
Los asistentes al encuentro expresaron en el documento firmado su respaldo pleno al TSE en todas las acciones que se ejecuten para garantizar las elecciones judiciales en forma íntegra.
Asimismo, el pronunciamiento ratificó la vigencia de la ley de convocatoria a las elecciones judiciales promulgada en febrero pasado como una forma de “blindar” la realización de dichos comicios.
El documento consensuado además emplaza al Ejecutivo del presidente Luis Arce a “garantizar los recursos económicos necesarios, ya presupuestados para la ejecución de las elecciones” y pide que el Legislativo emita un pronunciamiento en rechazo a la cuestionada sentencia, entre otros aspectos.
El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, señaló que el propósito de la declaración es “garantizar el sufragio” de la población “sin injerencia o interferencias” que pongan en riesgo los procesos electorales.
El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, advirtió que “cuando un poder esté subordinado a otro poder, ese país está perdido” e insistió en la necesidad de preservar la autonomía de las instituciones y de que cada órgano cumpla su rol sin interferencia de otros.
Destacó la importancia de las elecciones judiciales a tiempo de señalar que la responsabilidad de garantizar su realización recae en toda la sociedad boliviana y no sólo en el TSE.
El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, ponderó que, de manera unánime y comprometida, todas las fuerzas políticas en Bolivia, además de los representantes del Órgano Legislativo, acordaron garantizar la realización de las elecciones judiciales y remarcó que es hora de que la democracia se imponga a los intereses de los magistrados autoprorrogados.
“Es hora de que la democracia, con sus instrumentos e instituciones, se imponga por sobre los intereses espurios y sectarios de un grupo de autoprorrogados sin legitimidad”, sostuvo Mesa.
Los asistentes al encuentro coincidieron en que el TCP pone en riesgo la democracia y futuros procesos electorales al intentar que los jueces tengan la potestad de paralizar elecciones.
Declaración por la democracia
El punto 1 de la declaración señala que “se reafirma la realización de las elecciones judiciales el 15 de diciembre de 2024, con la finalidad de renovar a todas las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco constitucional y legal vigente en el país, por lo cual se rechaza la sentencia constitucional 770/2024, toda vez que incurre en una flagrante violación del principio de preclusión”.
Procuraduría demanda comicios en diciembre
La Procuraduría General del Estado (PGE) “invocó” a los órganos de poder del Estado a asegurar las elecciones judiciales el 15 de diciembre, para garantizar la independencia y transparencia de la Justicia, conforme a la Constitución Política del Estado, que establece que las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura deben ser elegidas mediante sufragio universal.
La Procuraduría emitió un comunicado por el cual demandó a los órganos del Estado asegurar la independencia y transparencia del sistema de justicia a través de este proceso electoral que se debe desarrollar en poco más de un mes.
Advirtió que la falta de elecciones debilitaría la independencia del sistema judicial y ocasionaría un perjuicio económico significativo al Estado boliviano. “La Procuraduría, junto a su pueblo, lidera la defensa de los intereses genuinos del Estado”, señala el comunicado.
