Arce plantea un pacto social sobre temas estratégicos

Durante la conmemoración de los 16 años del Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Luis Arce propuso este miércoles cinco líneas generales para consolidar un pacto social de cara a la celebración del Bicentenario de la Patria: justicia, política, economía, resguardo de la democracia y medio ambiente.

Este pacto social, definido como un gran acuerdo social transversal con el fin de promover la unidad y paz social, ya fue propuesto por el presidente el 18 de enero, durante el acto con motivo de los 200 días rumbo al Bicentenario, desde el balcón del Palacio Quemado.

Al ratificar la plena predisposición del Gobierno de facilitar espacios de concertación, diálogo y consenso entre actores políticos y sociales, Arce advirtió que este 2025 “habrá conflictos en medio de un clima electoralizado”. Sin embargo consideró que éstos no deben poner “en riesgo la democracia, la economía nacional y popular, y la tranquilidad del pueblo”.

“Las bolivianas y bolivianos elegimos la democracia como el camino para resolver nuestras diferencias y no debe forzarse otra vía inconstitucional”, afirmó y planteó las cinco líneas generales del Pacto Social.

En el eje de justicia, afirmó que se debe acordar la ruta para completar la elección de magistrados – dos del Tribunal Supremo de Justicia y cinco del Tribunal Constitucional – de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, tarea que está a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional y del Tribunal Supremo Electoral.

En el área económica, propuso avanzar, acelerar y consolidar la industrialización con sustitución de importaciones, especialmente, de los recursos naturales.

En esa línea, solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de los contratos firmados con Uranium One Group (Rusia) y CBC (China) para industrializar el litio.

De acuerdo con YLB, las plantas industriales serán emplazadas al sur del Salar de Uyuni (Potosí) y utilizarán el método de Extracción Directa de Litio (EDL), tecnología avanzada para acelerar la producción y optimizar el uso de materia prima, energía y el consumo del agua.

Con el contrato de asociación accidental entre YLB y la firma rusa Uranium One Group, Joint-Stock Company Sucursal Bolivia, se prevé implementar una planta industrial para la producción de 14.000 toneladas métricas por año (tm/a) de carbonato de litio, en tres fases, con una inversión de más de $us 975 millones.

Mientras que con el contrato de servicios con el consorcio chino CBC, YLB prevé implementar dos plantas industriales, cada una en dos fases, una con capacidad de 25.000 tm/a y otra de 10.000 tm/a, con una inversión de $us 1.030 millones.

“No podemos retrasar más tiempo la oportunidad histórica de insertarnos en el mercado mundial con este recurso: en sus distintas etapas de explotación e industrialización”, sostuvo.

En cuanto al incremento de precios de algunos productos de consumo masivo, indicó que la presión inflacionaria se concentra en los precios de productos importados y algunos de producción nacional donde se ha evidenciado agio, ocultamiento y especulación que dañan la economía popular.

“El Gobierno nacional para defender el bolsillo de los bolivianos ha elaborado normas legales que no buscan castigar al buen empresario, al buen industrial, al buen productor, al buen comerciante; no busca confiscar la mercadería de los hermanos gremiales, sino, por el contrario, utilizar esta norma contra aquellos que cometan el delito de agio y especulación y afecten el bolsillo de las bolivianas y bolivianos”, explicó al aludir a la disposición séptima de la ley Financial.

Esa disposición “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Ante las amenazas de movilizaciones en contra de esta normativa, Arce enfatizó que la “vía del diálogo es el camino para resolver cualquier conflicto y no así medidas de hecho que dañan la economía nacional”. 

Sobre el eje político, el presidente alertó que este año será particularmente complejo, ya que a la par del festejo por el Bicentenario puede profundizarse la polarización a causa de la agenda política electoral.

Reprochó que desde la Asamblea Legislativa se tenga paralizados más de $us 1.600 millones de financiamiento externo, “saboteando no a la gestión de Gobierno, sino a la economía de las familias bolivianas”.

“No puede ser, porque no es sano para ningún país, que de un gobierno a otro, más allá de cualquier color e ideología, busquemos comenzar de cero una y otra vez. Requerimos políticas de Estado, planes de largo aliento, que estén más allá del actuar circunstancial o transitorio de un dirigente o partido o movimiento”, reflexionó.

Como un aspecto clave del Pacto Social definió el resguardo de la democracia. Señaló que debe ser el compromiso de todos los actores velar por “elecciones generales limpias y transparentes y mantener el sistema democrático a toda costa” de cara a los comicios previstos para agosto de este año.

En tanto, sobre el eje del medio ambiente, el presidente recordó que cada año el país enfrenta desastres naturales como incendios, inundaciones, sequías y otros, producto de la crisis climática.

Indicó que se “equivoca el que crea que gana algo con un desastre, con la tragedia humana y ambiental, si calcula que las consecuencias de dicho desastre tienen un costo para el Gobierno” pues dijo que “todos sufrimos esos daños, que en algunos casos son irreversibles”.

“No debemos dudar que este 2025 va a ser desafiante, en todo orden. Y debemos saber enfrentar los problemas que se nos avecinan. Qué es la historia del pueblo sino la lucha inclaudicable por sortear obstáculo tras obstáculo”, aseguró el presidente.