Partidos políticos ajustan sus candidaturas, negocian las alianzas y redefinen sus fórmulas
A poco más de dos meses para las elecciones nacionales del 17 de agosto, el escenario político boliviano sigue en movimiento, con partidos que reconfiguran sus binomios presidenciales y listas al Legislativo.
Las fuerzas políticas Autonomía Para Bolivia (APB) Súmate, Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Nueva Generación Patriótica (NGP) y el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) encaran ajustes clave en su estrategia electoral.
Desde APB Súmate confirmaron ayer que el excívico Rómulo Calvo fue apartado de sus listas de candidatos. La decisión fue tomada en un reciente encuentro nacional del partido, aunque no se ofrecieron detalles sobre las razones del retiro ni posibles sustitutos.
El calendario electoral establece que los partidos y alianzas tienen hasta el 3 de julio para realizar modificaciones en sus candidaturas, ya sea por renuncia voluntaria o por razones administrativas. Este plazo es crucial para definir quiénes llegarán a la papeleta electoral en agosto.
En este contexto, importantes figuras del oficialismo como Andrónico Rodríguez, Eva Copa y Johnny Fernández están en medio de intensas negociaciones internas que podrían derivar en una nueva fórmula presidencial. Según fuentes partidarias, UCS evalúa postular a Andrónico como su candidato presidencial, lo que implicaría la renuncia de Johnny Fernández, quien actualmente lidera esa candidatura.
Las conversaciones también contemplan la incorporación de Eva Copa a la fórmula de Andrónico, lo que requeriría el retiro de su propia postulación. La definición del acompañante de fórmula es aún incierta. Aunque inicialmente se presentó a Mariana Prado como candidata a la vicepresidencia junto a Rodríguez, su nombre podría ser reemplazado para viabilizar el acuerdo.
Entre las alternativas que se barajan para la vicepresidencia figuran Paola Fernández, hija del líder de UCS, y Jorge Richter, actual acompañante de fórmula de Copa.
En el frente opositor, el economista Jaime Dunn enfrenta serias dificultades para oficializar su candidatura debido a la falta de solvencia fiscal, un requisito emitido por la Contraloría General del Estado. Dunn denunció presiones políticas en el retraso de este trámite, lo que a su juicio representa una forma de bloqueo institucional.
Las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán determinantes para la configuración final de las candidaturas.