Debate centra propuestas sobre litio, renta directa y recorte de gasto público
Tres candidatos presidenciales presentaron anoche en el segundo debate presidencial, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), propuestas como la renta directa a las familias, recorte del gasto público y venta parcial de litio.
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, lamentó que la Asociación Nacional de Periodistas y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia los abandonaron en la organización del segundo debate presidencial, debido a la declinatoria de algunos candidatos.
Anoche, asistieron al encuentro Eduardo del Castillo del Movimiento Al Socialismo (MAS), Pavel Aracena de Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Eduardo del Castillo planteó un plan de inversión para atraer 12.000 millones de dólares, con énfasis en el sector agropecuario y la minería, asegurando que la generación de divisas no afectará a los sectores vulnerables. Criticó a los postulantes que promueven liberar exportaciones, argumentando que esa medida pondría en riesgo el abastecimiento interno.
Pavel Aracena propuso obtener 6.000 millones de dólares mediante referendos departamentales para autorizar la venta de hasta el 3% de las reservas de litio y tierras raras. Sostuvo que estos recursos permitirían estabilizar el tipo de cambio y cumplir compromisos como el pago del aguinaldo.
El candidato también sugirió recuperar reservas fiscales provenientes de la minería ilegal, legalizar ahorros y permitir depósitos de hasta 100.000 millones de dólares sin exigir la declaración del origen de los fondos. Ante las críticas de Del Castillo por la posible privatización de recursos estratégicos, Aracena replicó que “Oruro, Potosí y Santa Cruz decidirán vía referendo qué hacer con el litio, sin corrupción y con acceso público a los borradores de contratos antes de su industrialización”.
Rodrigo Paz planteó un “cambio estructural” que otorgue a la ciudadanía una renta directa derivada de los recursos naturales, asegurando que el dinero llegue “a las familias y no a partidos, transnacionales o grupos de poder”.
Para reducir el déficit fiscal, propuso eliminar 1.300 millones de dólares en “gastos superfluos”, lo que, según sus cálculos, generaría un ahorro de 2.500 millones y permitiría “poner en marcha el país en dos meses”.
