Más allá del retiro de la subvención, critican otros alcances del D.S. 5503

Más allá del impacto económico que ha ocasionado el Decreto Supremo 5503 por el retiro a la subvención de los precios de los combustibles, la normativa contiene otros 120 artículos que, según los expertos, redefinen a fondo el rol del Estado en el manejo de la economía.

Este nuevo rol que el decreto otorga al Estado ha generado criticas de organizaciones sociales como la Central Obrera Boliviana (COB), los trabajadores de la minería estatal, el magisterio y otros. Un grupo de especialistas también cuestiona los alcances del decreto en temas sensibles como el medio ambiente y la entrega de recursos a sectores privados.

Además del tema económico, las observaciones al decreto 5503 también están relacionadas con supuestas vulneraciones a la Constitución Política del Estado (CPE) al invadir competencias legislativas reservadas a la Asamblea Legislativa o por establecer regímenes normativos excepcionales sin base legal clara. 

Recursos naturales

La COB, que además lidera un paro nacional indefinido acompañado de marchas de protesta en las principales ciudades del país, está en contra de la eliminación de la subvención y cuestiona además que el decreto se abre a mayores niveles de explotación de recursos naturales sin consensos ni garantías ambientales. 

Por otro lado, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) cuestiona  del decreto el manejo de los recursos estratégicos y la legalidad de los procedimientos. 

Alberto Pérez, presidente de la institución cívica, en declaraciones a la ANF sostuvo que el decreto “otorga un poder discrecional al Presidente para firmar contratos con empresas transnacionales en un plazo de 30 días”, lo que, a su juicio, vulnera la CPE.

“Este decreto no respeta el medio ambiente ni la voluntad regional”, señaló Pérez, citando además opiniones técnicas de la Fundación Solón que califican el enfoque del  5503 como “fatal” para la gestión de los recursos naturales.

Rol del BCB

Gonzalo Colque, economista de Fundación Tierra y citado por la analista Quya Reyna,  hace hincapié en el artículo 5 del decreto 5503 y dice que el Banco Central de Bolivia (BCB) tiene ahora la atribución de endeudar al país en dólares y en tiempo récord, sin que estos préstamos pasen por el parlamento y sin que parezca que el gobierno esté endeudando al país. El BCB está autorizado a firmar contratos de deuda.

A la letra, el artículo 5 faculta al BCB “a) Gestionar y acordar líneas de financiamiento de liquidez, swaps de divisas, mecanismos precautorios y otras operaciones, destinadas a la estabilización de la Balanza de Pagos; b) Emitir instrumentos financieros externos y celebrar operaciones de cobertura cambiaria; c)Recibir depósitos, garantías o colaterales del Tesoro General de la Nación (TGN) para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. A efectos de viabilizar la implementación de estos mecanismos, el BCB está autorizado a ajustar los reglamentos internos necesarios para su ejecución”, según el decreto.

Según Colque, el BCB pasará de ser la caja chica del gobierno a convertirse en una entidad de deuda que conseguirá dólares a nombre del TGN utilizando los activos del Estado boliviano como garantía, es decir, estarían hipotecando recursos del Estado, cita Quya Reyna en una nota publicada en sus redes.

Para Colque, según Reyna, el decreto 5503 busca dos cosas: 1) Evitar mostrar al TGN como endeudado y 2) Evadir el control del Legislativo.

Facultades  de la ALP

Otra de las críticas que ha recibido el Decreto 5503 es que, presuntamente, está  asumiendo facultades propias del Órgano Legislativo, legislando por decreto en ámbitos que la Constitución reserva exclusivamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En una nota de análisis publicada por Bolpress se cita  que  entre las disposiciones más cuestionadas figuran la fijación unilateral de precios de combustibles, la creación de regímenes tributarios excepcionales, la autorización de arbitraje internacional en sectores estratégicos como hidrocarburos, y la imposición de un régimen de “aplicación preferente” del decreto sobre otras normas —una cláusula que, según juristas, atenta directamente contra la jerarquía normativa establecida en el Artículo 410 de la CPE.

Medio ambiente

Si bien la mayor parte del debate se ha centrado en aspectos económicos, existen implicaciones ambientales indirectas que también han sido objeto de cuestionamiento, especialmente desde organizaciones sociales y ambientales.

El decreto podría favorecer el consumo de combustibles fósiles más caros, pero no necesariamente más limpios, sin promover alternativas sostenibles ni incentivos fuertes hacia energías renovables. Esto puede retrasar la transición energética y agravar emisiones de gases de efecto invernadero.

Algunos artículos (según críticas de organizaciones civiles) facilitan la “transferencia expedita” de recursos al sector privado sin suficiente control legislativo ni participación ciudadana, lo que podría abrir puertas para concesiones extractivas aceleradas, con efectos perjudiciales para ecosistemas frágiles y comunidades locales.

El Gobierno reiteró que no dará marcha atrás. Sostuvo que la eliminación de la subvención busca racionalizar el mercado de combustibles, reducir el contrabando y sentar bases para una transición energética más ordenada.