Lara alerta que ley antibloqueo activa un plan de “persecución”
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, advirtió ayer que detrás del proyecto de ley antibloqueo existe un “plan oscuro y perverso” de persecución contra dirigentes sociales que se movilizan en rechazo a las políticas del Gobierno.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Lara reconoció que los bloqueos afectan al país; sin embargo, afirmó que la verdadera intención del proyecto normativo sería perseguir y encarcelar a personas que ejercen su derecho a la protesta. “Se está disfrazando la persecución para silenciar y hacer desaparecer personas”, sostuvo.
El segundo mandatario señaló que cuando un gobierno “abusa del poder”, al pueblo no le queda otra alternativa que movilizarse. En ese contexto, anunció que se mantendrá “en pie de lucha” y aseguró que no permitirá la aprobación de la ley antibloqueo.
Según Lara, quienes impulsan la iniciativa buscan imponer un sistema dictatorial y avanzar en la entrega de los recursos naturales del país. “Quieren regalar el litio, el oro y otros minerales, además de dañar reservas ecológicas como Tariquía, pisoteando la Constitución Política del Estado, sin consulta previa ni estudios ambientales”, afirmó.
El vicepresidente, quien mantiene una postura crítica frente al gobierno del presidente Rodrigo Paz, advirtió que el objetivo final sería encarcelar a quienes defienden derechos y cuestionan al poder. “Ese es el verdadero fin: establecer un sistema dictatorial en Bolivia”, señaló.
Asimismo, Lara emplazó a los promotores del proyecto de ley a priorizar una reforma del sistema de justicia y a respetar la Constitución antes de impulsar normas que -según dijo- vulneran derechos fundamentales.
“El pueblo no puede permitir que se apruebe esta ley. Si se aprueba, hay que luchar para que se abrogue, porque detrás de la ley antibloqueo hay un plan perverso para perseguir a quienes piensan diferente y defienden nuestros recursos naturales y los derechos de la gente”, remarcó.
Lara instó a sus seguidores a rechazar la norma, al advertir que no tiene un fin legítimo, sino un “objetivo perverso y criminal” de persecución y encarcelamiento, y llamó a defender los derechos ciudadanos y la Constitución Política del Estado.
