EEUU señala que Bolivia incumple con la lucha contra la trata de personas
El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó ayer el “Informe 2023 sobre trata y tráfico de personas”, en el cual se menciona que Bolivia no cumple plenamente los estándares y normas mínimas para la eliminación de este delito.
Estados Unidos señala que el país ocupa el Nivel 2 (de 3) de la lista de observación de países cuyos Gobiernos no cumplen plenamente con las normas mínimas de la Ley de Protección a las Víctimas de la Trata. Asimismo. El informe señala que no se observó un aumento general de los esfuerzos en comparación con el período anterior (2022).
“Las autoridades no informaron sobre investigaciones, juicios o condenas de tratantes ni sobre la identificación y derivación de víctimas para recibir atención. (…) Además, la falta de recursos, la corrupción y la rotación frecuente de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley obstaculizaban la efectividad de la aplicación de la lucha contra la trata”, señala el documento.
En el mismo panorama, el informe norteamericano hace una observación severa a la justicia: “El Gobierno no informó haber investigado, enjuiciado o condenado a ningún empleado del Gobierno cómplice de delitos de trata de personas. Las organizaciones de la sociedad civil informaron que persistió la complicidad oficial de bajo nivel en los delitos de trata”, añade el documento.
En relación a la protección, “el Gobierno disminuyó los esfuerzos de protección. Los funcionarios no informaron haber identificado, protegido o remitido a víctimas de trata a servicios de atención, en comparación con la identificación de 594 víctimas de trata en 2021”, indica.
Más observaciones
El informe señala que, aunque se adoptó un nuevo “Plan Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas 2021-2025”, no se observó un aumento general de los esfuerzos en comparación con el período anterior (2022).
El informe hace una observación severa a la justicia: Hay menos datos de investigaciones, juicios o condenas a tratantes, advierten que si bien las leyes son severas, aún hay vacíos legales para sancionar todas las formas de trata sexual infantil.
En el caso del Ministerio Público, los fiscales especializados en trata también terminaron investigando otros delitos.
Sobre la protección de las víctimas, también se observó una disminución de los esfuerzos. Las autoridades confundieron, en algunos casos, la trata de personas con otros delitos, lo que dificultó la identificación de las víctimas.
Desde el Gobierno no hubo un pronunciamiento en relación al informe presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
