Investigan a líderes de grupos que amenazan de muerte por tierras; los pobladores piden policías
El Ministerio Público investiga de oficio a los dirigentes interculturales Sixto Canaza y Nicolás Ramírez Taboada por instigación pública a delinquir, por un video en el que amenazan de muerte a empresarios de la zona Las Londras del municipio de Guarayos, en Santa Cruz. Los pobladores solicitaron presencia policial para frenar la violencia en Las Londras.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó que ya se asignó a un fiscal y un policía para las investigaciones y,de acuerdo a los elementos, se analizará si se añaden otros delitos. “La fiscal asignada al caso hará todas las diligencias necesarias para dar con el sujeto que publicó el video en el que portaban armas de fuego”, dijo Mariaca.
Remarcó que el trabajo de la Fiscalía se coordinará con la Policía.
Tras la exposición de armas de fuego en el video, las investigaciones podrían complicarse, ya que existen antecedentes de homicidios y lesiones graves. Sixto Canaza y Nicolás Ramírez Taboada son líderes de los grupos armados en S an Julián que amenazaron a los empresarios de Las Londras. Además, son los mismos que secuestraron y golpearon a 17 personas, entre ellos periodistas y policías en 2021.
La abogada de los periodistas, Raquel Guerrero señaló que, el ver a Canaza de nuevo amenazando de muerte, la herida se volvió abrir. Las víctimas recuerdan ese “fatídico día” con temor y califican a los autores como “los más peligrosos sanguinarios”.
“Ellos nunca van a olvidar ese día. Fueron siete horas de tortura y humillación no solo a los periodistas, sino a cuatro policías”, dijo. La jurista calificó de muy “suaves” las acusaciones vertidas sobre los responsables. “El juez del control jurisdiccional, Roberto Cruz Hurtado, ha sido tan bueno y tan pasivo con él (Ramírez), que las audiencias fueron virtuales y él se conectaba desde la clandestinidad evitando una aprehensión”, añadió.
Manifestó que el juez no consideró las declaraciones de las víctimas ni los elementos que presentó la Fiscalía, sólo la vivienda y el trabajo de Ramírez. Además, remarcó que “el Estado perdió su presencia en Guarayos, lo demuestra la ausencia policial”.
Cámara Agropecuaria pide ley que castigue las amenazas de muerte
La Cámara de Agropecuaria del Oriente (CAO) expresó su preocupación por el incremento de la violencia y de la inseguridad jurídica para los bolivianos.
El respeto a la ley es fundamental en una sociedad democrática y debe ser el marco dentro del cual se gestionen todos los conflictos, declaró la entidad en un comunicado.
“No es posible que los ataques armados y las amenazas con armas de fuego se conviertan en una recurrente acción que pone en riesgo nuestra convivencia pacífica”, apunta el documento. El directorio de la entidad añade: “Exigimos a las autoridades judiciales y gubernamentales que las leyes se apliquen con rigor y sin demora, sancionando a aquellos que infringen la paz ciudadana con actos de violencia o amenazas”.
