Juana Quispe: anunciaron que la iban a matar, pasaron 11 años desde que lo hicieron y al fin prevén la sentencia

Finalmente, un tribunal de sentencia de La Paz prevé dictar sentencia este 3 de enero de 2024. Eso, si nada se interpone en el camino, como ha venido ocurriendo por más de una década.

Juana Quispe era concejala del municipio paceño de Ancoraimes y, pese a haber ganado con amplia mayoría, no podía ejercer el cargo porque los seguidores de Félix Huanca, el alcalde de entonces, no le permitían ingresar a las sesiones.

"Le hostigaban, le castigaban, perseguían, pedían su renuncia (...) En varias ocasiones en plena plaza de Ancoraimes la jalonearon, la arrastraron cerca de su niño que estaba cumpliendo 13 años", rememora Casio Villanueva, el tío de Juana Quispe, quien no se ha dejado ganar por los fiscales, por el miedo ni por el paso del tiempo.

"Andaban con palos. Había grupos de mujeres y hombres que le perseguían, le echaban con cemento a la cara, le golpeaban en la plaza, convocaban a su gente allegada, la chicoteaban, uno de los testigos ha dicho que le han dado como a Cristo", relata Eulogia Tapia, activista del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, una institución que empujó el caso durante estos años y que ha acompañado al tío de Juana.

Juana Quispe, que estaba viviendo ese acoso despiadado, tenía motivos para creer que la iban a matar, pero no sólo eso, sino que sus rivales se lo habían anunciado más de una vez y ella, a quien quisiera escucharle, le contaba que la iban a matar.

"Sabía que la iban a matar. Decía 'andan diciendo que me va a matar, que me van a matar', por eso su muerte es una muerte anunciada", resume Eulogia Tapia.

¿Por qué la querían matar?

Juana Quispe era artesana. Fabricaba y vendía zapatos de Cholita en la Garita de Lima, en la zona comercial de La Paz.

Sin embargo, el sindicalismo vino a su encuentro, para después encaminarla a la política. Primero fue nombrada secretaria general del sindicato de su comunidad, para luego asumir como dirigente departamental de las mujeres Bartolina Sisa, una organización de base del Movimiento al Socialismo.

Más adelante, su comunidad la eligió como candidata a concejala de Ancoraimes, pero el MAS se negó a aceptarla porque en una gestión anterior había sido suplente de un alcalde que fue encarcelado, aunque luego fue liberado sin que se le probaran las acusaciones de corrupción, recapitula Eulogia Tapia.

Ante la negativa del MAS, el 2010 Juana Quispe decidió postular por una agrupación ciudadana y ganó la concejalía con amplia mayoría, pero sus rivales políticos no le dejaron ejercer.

Para hacer valer sus derechos, ella interpuso un amparo ante la justicia Achacachi, donde le dieron la razón, en medio de una multitud de Ponchos Rojos que la amenazaban de muerte, por lo que la juez tuvo que resguardar a la concejala hasta que sus enemigos se dispersaron.

Sin embargo, los concejales del MAS se negaron a acatar la orden, por lo que Juana Quispe inició un juicio por desacato en la justicia de La Paz, que también salió a su favor, pero faltaba una audiencia conclusiva donde se leería la sentencia, con lo que sus acosadores podrían ir a la cárcel. Faltando tres días para esa audiencia, Juana Quispe fue asesinada.

¿Qué ocurrió el 12 de marzo de 2012?

Aquel 12 de marzo de 2012, el alcalde de Ancoraimes, Félix Huanca, la concejala Juana Quispe y los demás ediles asistieron a una marcha en apoyo a dos periodistas asesinados en El Alto y participaron de los actos del Día del Acullicu. Sus rivales "le invitan a almorzar, está con ellos hasta las 5 de la tarde y a esa hora contesta por última vez su teléfono. Al día siguiente su cuerpo aparece en el río Orkojahuira", relata la abogada Lira.

Los acusados y ahora enjuiciados son Felix Huanca, exalcalde de Ancoraimes; Pastor Cutile, expresidente del Concejo; Basilia Ramos, secretaria del Concejo; y Exalta Arismendi, que era allegada de Juana Quispe, pero que luego se supo que era conocida de los acusados y que habría actuado como intermediaria.

"Un día después de la muerte, era la audiencia conclusiva de Pastor Cutile y Basilia Ramos, es decir que el beneficio del asesinato lo disfrutaron directamente Pastor Cutile, Basilia Ramos y Félix Huanca, porque estando ella sin vida ya no iban a seguir los procesos y tampoco iba a haber fiscalización", sostiene la jurista Lira.

Desde la muerte de Juana Quispe se ha iniciado un tortuoso camino en busca de justicia, que ha tropezado principalmente por la Fiscalía, según relatan Lira, Tapia y Villanueva.

"Lamentablemente, en este proceso es la Fiscalía la que ha perjudicado el curso del proceso y no así el Órgano Judicial, con negativas, con imposibilidades. Hubo rechazos de la denuncia. Tuvimos que apelar, se revocaron esos rechazos. Luego hubo sobreseimientos, tuvimos que apelar hasta lograr que existan las acusaciones", comenta Lira sobre los los 11 años de litigio.

Villanueva grafica la situación diciendo: "en vez de estar persiguiendo a los asesinos, teníamos que pelear con los fiscales que estaban asignados".

En medio de proceso, el caso fue llevado a la CIDH y no faltaron interpelaciones al fiscal general, porque además de activistas, se unieron a la causa varias parlamentarias del oficialismo y de la oposición, para que el asesinato de Juana Quispe no quedara en la impunidad.

¿Cuál es el sustento jurídico del caso?

La jurista sostiene que se trata de "un crimen de odio porque la odiaban, un crimen por razones políticas y de género, es decir, sus asesinos no toleraban que siendo mujer y siendo de una agrupación política distinta con la que ganó las elecciones en Ancoraimes tenga tanta influencia, además ella había anunciado que iba a fiscalizar".

La abogada indica que son varias preguntas y respuestas que llevan a la conclusión del delito de asesinato. Primero, si el acusado de ser el autor intelectual odiaba a la víctima, la respuesta es sí, porque había una sistemática campaña de hostigamiento en su contra; la segunda pregunta es si estos acusados la agredieron muchas veces y la respuesta es otra vez sí.

Al margen de ellos, Lira se remite a las declaraciones de la abogada Ángela Burgoa, que representaba a Juana Quispe en vida y que escuchó las amenazas de muerte.

Se refiere a un encuentro ocurrido un mes antes de su muerte en la oficina de Burgoa, donde Quispe habría pedido una reparación económica por los juicios que tuvo que seguir durante dos años, por lo que "Pastor Cutile le dice '¿este es tu amor para un Ancoraimes?, vas a pagar con tu vida'".

A ese hecho se suma la declaración de un testigo que, según relata Lira, durante el juicio declaró que "Felix Huanca le confesó que él había contratado sicarios para cortar la vida de Juana Quispe".

Por eso, espera que el tribunal haga la diferenciación entre el autor material e intelectual en este "crimen de odio por género y por orientación política", para que pueda haber una sentencia condenatoria.

Casio Villanueva quiere escuchar que los acusados son sentenciados a 30 años de cárcel porque cualquier otra pena le parece una burla a la memoria de Juana Quispe, cuyo caso ha inspirado la Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política, pero que hasta sigue en la impunidad.

Los que nunca se rindieron:

Casio Villanueva: Tiene 59 años. Vive en Ancoraimes, dedicado a la agricultura y la ganadería. Dice que nunca se rindió porque su sobrina, cuando era acosada, le habría pedido que no se quede con los brazos cruzados. Indica que las hermanas de Juana no pudieron resistir el largo proceso, pero que él decidió seguir adelante, pese al temor que tiene por su seguridad y la seguridad de su familia.

Eulogia Tapia: Es trabajadora social, integrante del Observatorio de Exigibilidad para los Derechos de las Mujeres. Conoció el caso de Juana Quispe cuando trabajaba en la Defensoría del Pueblo y decidió no soltarlo. Por eso, se ha convertido en la articuladora de fuerzas para buscar justicia dentro y fuera de Bolivia.

Valkhiria Lira: Es una reconocida abogada paceña que, según cuenta, lleva el caso de Juana Quispe ad honorem porque su estudio defiende de forma gratuita a 10 personas de escasos recursos cada año, siempre que estén comprometidas con sus derechos. Cuenta que Aldo Michel le habló del caso y de esa manera conoció a Casio Villanueva y a Francisca y Margarita Quispe, las hermanas de Juana Quispe. Destaca también el apoyo de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), algunas parlamentarias del oficialismo y la oposición, activistas como Eulogia Tapia, Georgelina Gómez, Mary Marca, y actualmente el respaldo del Defensor del Pueblo, tal como lo hizo en su momento el exdefensor Rolando Villena.