Alistan una ley para regular la venta y confección de uniformes de la Policía
Tras el polémico caso del humorista cochabambino Raúl Cuenca, quien fue procesado por usar parte de un uniforme policial en una escena cómica, el viceministro de Gobierno, Johnny Aguilera, confirmó a Los Tiempos que se trabaja en una ley que controle la confección y venta de la indumentaria de la institución verde olivo.
En varias ocasiones se han reportado casos de delincuentes que cometieron atracos, volteos de droga y estafas utilizando el uniforme de alguna unidad policial que puede ser adquirido a lo largo de la avenida Ayacucho y Aroma en Cochabamba. Incluso, frente a los módulos policiales existen puestos improvisados en los que no sólo se expone ropa, sino también ribetes, gorras, toletes, manillas, portamanillas, fundas para armas, etc.
“Lo que queremos hacer es generar licencias, permisos para controlar quiénes son los fabricantes y distribuidores de uniformes de policía, asegurando que sólo estas empresas autorizadas puedan vender y producir estos productos”, añadió la autoridad. El Comando de la Policía entrega una vez al año el uniforme a los policías, que consiste en camisa blanca o verde, polera negra y, en ocasiones, un corte de tela para hacer uniformes.
“Sí, pero nos llega de la peor calidad, muy grande o muy pequeño. Para el uniforme de combate o un nuevo uniforme, todos nos mandamos a hacer y nos resulta muy costoso, más de 300 bolivianos”, dijo un policía a este medio. Añadió que todos los efectivos están obligados a comprarse el uniforme, ya que la dotación del Estado no es suficiente.
Aguilera mencionó que está consciente de esta carencia y que la venta de uniformes está normalizada, sin embargo, “se va a plantear la posibilidad de tener una ley que regule la producción y venta de estos uniformes de Policía”, dijo Aguilera. Adelantó que a partir de este lunes se pondrá en marcha el trabajo entre representantes del Ministerio de Gobierno y la Policía para acelerar la redacción de la ley que prohíba la venta libre y establezca sanciones penales para civiles que hagan uso de uniformes.
“Hay una variedad de empresas que se dedican a la venta indiscriminada y, definitivamente, es un modo de vida que requiere una campaña de concientización que informe a la ciudadanía y a los comerciantes sobre la peligrosidad de tener estos puntos de venta no autorizados”, mencionó Aguilera.
Sanciones
El abogado penalista Cristian Sánchez señaló que la venta de uniformes policiales no está restringida debido a la ausencia de una norma específica para ello; sin embargo, la institución uniformada posee reglamentos específicos que penalizan su uso por civiles.
“No existe una norma específica que sancione y prohíba la venta libre de uniformes y artículos policiales y militares. Tiene que haber esta libertad de comercio entre el policía de a pie que busque una oportunidad económica para adquirir el uniforme e insumos policiales, porque si espera al Ministerio de Gobierno y a la Policía Boliviana, nunca le llegará”, indicó.
El jueves pasado se conoció que el Comando Departamental de la Policía de La Paz emitió una circular en la que se señala: “En todo hecho en el que los ciudadanos sean sorprendidos vistiendo uniforme policial en la vía pública y no cometiendo actos delictivos que constituyan flagrancia, deberán ser trasladados a la instancia policial que corresponda”.
La Policía pide penalizar el uso de uniforme
En octubre de 2016, el Comando General de la Policía elaboró una propuesta para penalizar la confección, venta y uso de uniformes de los efectivos del orden, iniciativa que surgió ante la existencia de gente y de organizaciones delictivas que se hacen pasar por agentes, una vez que adquieren a vestimenta característica, pero no prosperó.
“La Policía propone al nuevo Código Penal dos tipos penales para la confección y la comercialización ilícita de las prendas policiales, y se sancionará penalmente a la persona que confeccione o comercialice uniforme policíaco sin tener autorización expresa de la institución”, se planteó en ese entonces.
La propuesta además señalaba una pena de tres años por el uso de uniformes y otras sanciones para los vendedores.
