La directora de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, Patricia Sánchez, señaló el este miércoles que la institución no emitió ninguna personería jurídica a la OTB Puerto Rico, que se conformó en predios avasallados de la finca Maicapampa en el municipio de Arbieto.
Los propietarios comenzaron este martes a demoler los cuartos de los asentados en los terrenos agrícolas de la Hacienda Angostura tras el desalojo que se realizó con una resolución del INRA para hacer cumplir las medidas precautorias.
Unos 100 policías divididos en turnos, de al menos 30, permanecen y vigilan la Hacienda Angostura o Canelas debido a que aún no se realizó la demolición de las casas clandestinas; sino sólo el desalojo de unos 70 avasalladores como resultado de una resolución del INRA.
El comandante departamental de la Policía en Cochabamba, Erick Holguín, informó este viernes que los operativos como el ejecutado ayer en la Hacienda Angostura continuarán por instrucción del Gobierno nacional y del Ministerio de Gobierno a través de órdenes competentes.
Las víctimas del avasallamiento en la Hacienda Angostura o Canelas ponderaron el trabajo institucional para recuperar el predio, que es esencial para el funcionamiento de la lechería, que contribuyó al mejoramiento genético y a la industrialización por más de 100 años en el valle alto de Cochabamba.
Un contingente de 490 policías ejecutó ayer el primer operativo de desalojo de predios agropecuarios avasallados en Cochabamba al intervenir en la Hacienda La Angostura, tomada desde 2020.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), junto a más de 200 policías, procedió este miércoles a notificar a los avasalladores de la Hacienda Canelas o Angostura, en Arbieto, para proceder al desalojo de estos predios.
Las personas asentadas en predios agrícolas de la Hacienda Angostura analizarán, en una asamblea, la decisión del Gobierno nacional de intervenir en la zona, tras identificar que las tierras fiscales fueron avasalladas.
Una de las propietarias de la Hacienda Angostura, Luz Marina Canelas, anunció ayer que solicitará una audiencia al gobernador Humberto Sánchez para informarle sobre las pérdidas y la afectación que ocasionó el asedio de avasalladores a la centenaria granja lechera, pese a la vigencia de medidas precautorias establecidas por el INRA.
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, determinó que la institución ejecutará los desalojos de los avasalladores de tierras agrícolas y que se protegerán las tierras fiscales, según declaró en una conferencia de prensa este jueves en Cochabamba.