Ante el avance silencioso de la recolección de firmas para la reforma judicial y la adhesión voluntaria de centenares de ciudadanos a la iniciativa de juristas independientes, el Gobierno y las organizaciones sociales afines endurecen sus ataques contra este sector, al calificarlos de abogados de la derecha, señalando que es un atentado contra las naciones indígenas y las mujeres, y que, de aprobarse, se aplicaría en 2029.