Tras más de tres horas de diálogo en la sede de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en La Paz, el Gobierno nacional y representantes del sector privado suscribieron ayer siete acuerdos destinados a facilitar la importación y comercialización de diésel y gasolinas. El objetivo: garantizar el abastecimiento de combustibles en el país ante una demanda en aumento.
El viceministro Gustavo Torrico manifestó ayer la convicción del Gobierno de no renunciar, pese a la situación conflictiva y los pedidos de que dimita el presidente Luis Arce.
El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, reivindicó ayer la represión policial para disolver una movilización de apoyo a los jubilados y aseguró que la protesta, en la que hubo más de 124 detenidos y 46 heridos, constituyó un intento de desestabilización del Ejecutivo.
Los presidentes del comités cívicos reunidos a nivel nacional determinaron exigir al Gobierno el pacto fiscal y a la Asamblea Legislativa Plurinacional, la aprobación de leyes para garantizar las elecciones generales el próximo 17 de agosto.
El Gobierno realizará este jueves en Potosí una reunión pública para informar sobre el contrato de industrialización del litio firmado con la empresa china CBC y el proyecto de ley del litio. El encuentro, denominado “Diálogo por la Unidad de los Potosinos”, se llevará a cabo a las 11:00 en el Teatro IV Centenario y contará con la participación de autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE) y de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
Bolivia apuesta por la reinserción y respeto de los derechos humanos en la administración de las cárceles del país, aseveró ayer el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, y descartó la propuesta del político y empresario Samuel Doria Medina de aplicar el modelo de El Salvador.
Medio centenar de activistas e intelectuales demandaron ayer al bloque opositor, conformado para hacer frente al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales de este año, tomar en cuenta la elaboración de un programa de gobierno consensuado y la apertura a las organizaciones sociales.
En una reunión celebrada ayer, el Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) acordaron suspender la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que permite el decomiso de productos en casos de agio y especulación. La medida quedará en pausa hasta que ambas partes consensuen su reglamentación y metodología de aplicación, según informaron representantes de ambos sectores.
El viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Antonio Mullisaca, informó ayer a los medios que de un total de 4.121 millones de dólares de créditos, que implican 35 contratos de préstamo, aprobados de noviembre de 2020 a diciembre de 2024 por la Asamblea Legislativa, sólo el 49 por ciento fue desembolsado.
Durante la presentación de resultados del trabajo que realizó el Viceministerio de Régimen Interior y Policía, en 2024, el titular de esa cartera de Estado, Jhonny Aguilera, indicó ayer que el crimen organizado y el narcotráfico se concentran en el trópico de Cochabamba.