El escándalo que desató el caso del narcotraficante Sebastián Marset originó la renuncia de autoridades en Uruguay y la destitución del director de la Interpol en Paraguay, pero en Bolivia no pasa nada, pese a que se involucra a instituciones del Estado por presuntamente entregar documentos de identidad, advertir del operativo y posibilitar su fuga, lo que significa que hay protección a este ilícito, sostienen analistas y asambleístas nacionales. Además, hay un manejo dudoso de los bienes incautados.