DEBAJO DEL ALQUITRÁN
Durante las dos décadas del régimen masista, las denominadas “organizaciones sociales” han tenido, a través de sus dirigentes, una presencia política de primer orden en todos los órganos de poder del Estado.
Con el cambio de Gobierno, este estilo prebendal-corporativo de ejercicio y reproducción del poder llega a su ocaso. En 20 años, la cúpula del partido azul, había afianzado su poder sobre la base de alianzas estratégicas, con los dirigentes de estas organizaciones sindicales, también, llamadas “movimientos sociales”.
Durante los veinte años del régimen masista la política exterior estuvo extraviada, atrapada en laberintos ideológicos, muy lejos del interés nacional. El desorden y la improvisación fueron la regla, no la excepción. La diplomacia dejó de representar al Estado, poniéndose al servicio del dogma.
Rodrigo Paz, presidente electo en segunda vuelta, con los votos “nulos” de Evo Morales, tiene, de cara a su gestión de los próximos 5 años, un gran dilema: aceptar la ayuda ofrecida por Estados Unidos o proteger a Evo Morales.
El triunfo de Rodrigo, no cabe duda, fue impulsado por el “voto duro” de Morales. Fueron cerca de 1.300.000 votos que, en la segunda vuelta, se volcaron a favor del binomio Paz-Lara. Número suficiente, si añadimos a esa cifra, la votación inicial obtenida por el candidato del partido Demócrata Cristiano (PDC).
Más allá de los resultados del histórico balotaje y el inicio de un nuevo gobierno, el 19 de octubre, se clausura una era política. Después de 20 años, el oprobioso régimen masista llega a su fin. Las votaciones obtenidas por los dos candidatos del MAS el 17 de agosto, marcan este inicio del fin, que se produce más por el hastió a la forma de gestionar el poder, basada en la corrupción y saqueo del Estado.
El próximo Gobierno heredera un país en bancarrota y con crisis estructural. Como sostuve en varias columnas, no es solo una desaceleración; es el modelo agotado e insostenible. La estabilidad del nuevo Gobierno estará sujeta al equilibrio macroeconómico. Mantenerse en el poder hasta la conclusión del mandato, será uno de los grandes retos.
El balotaje entre los binomios Quiroga–Velasco y Paz–Lara, en lugar de representar una oportunidad histórica para reivindicar a la política, se ha convertido más bien en un espectáculo deprimente. El debate democrático, maduro y con propuestas, no está presente. Lo que se observa es una competencia de miserias, falsas promesas, insultos y guerra sucia.
La vinculación de Felipe Cáceres –exzar antidrogas durante los tres gobiernos de Evo Morales– con la producción ilícita de cocaína, no solo ha sacudido la política nacional; la noticia ha trascendido al ámbito internacional, colocando a Bolivia en la órbita de los “narco Estados”.
El hombre de confianza de Morales, ha sido acusado por delitos de narcotráfico. Según fuentes oficiales, en sus predios habrían encontrado un laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína, con una capacidad de producción de 160 kilos por día.
Independientemente del resultado del balotaje, el próximo presidente enfrentará un enorme desafío: asegurar niveles mínimos de gobernabilidad.
Hay gobernabilidad cuando se disipan los factores que erosionan la estabilidad y limitan la acción del Gobierno. La gobernabilidad, en ese sentido, tiene estrecha relación con la estabilidad política. Como la estabilidad política depende de varios factores, entonces, el concepto de gobernabilidad es multidimensional.
La decisión de reconducir con el debido proceso los casos de Jeanine Áñez, Fernando Camacho y Marco Pumari, “presos políticos” del régimen masista, da lugar a interpretar que el Órgano Judicial estaría recuperando su independencia.
Como consecuencia de los resultados del 17 de agosto, Bolivia ingresa en un escenario político-electoral inédito. Por primera vez, después de cinco elecciones, el poder no se define en primera vuelta. El resultado obliga a un histórico balotaje, que enfrentará a Rodrigo Paz y Tuto Quiroga en duelo directo.