MIRADA PÚBLICA
Decido guardar la pluma en un momento en el que, paradójicamente, resulta vital seguir escribiendo. El mundo atraviesa una fase de fragmentación profunda, de incertidumbre estructural y de replanteamientos de fondo que desafían a quienes intentan comprender —y no solo describir— el escenario internacional. Precisamente por eso, esta pausa no es indiferencia, sino conciencia del tiempo que vivimos.
La política hemisférica de Estados Unidos atraviesa una fase de reordenamiento profundo. No se trata de una ruptura con su tradición histórica, sino de una relectura pragmática de viejos principios, adaptados a un entorno internacional marcado por la fragmentación del orden liberal, el avance del crimen organizado transnacional, la migración ilegal y la creciente competencia geopolítica.
Bolivia atraviesa uno de esos momentos incómodos en los que la realidad termina imponiéndose a la consigna. Durante años se sostuvo –con insistencia casi litúrgica– que bastaba repetir “coca no es cocaína” o que la hoja de coca es “sagrada” para justificar una política permisiva, indulgente y crecientemente desconectada de los hechos. Hoy, ese relato se desmorona bajo el peso de cifras que ya no admiten relativizaciones ni atajos retóricos.
El último debate de candidatos presidenciales en Chile, el 9 de diciembre, entre Jeannette Jara y José Antonio Kast dejó en evidencia un punto de coincidencia inquietante; más allá de los matices discursivos, ambos proyectos políticos asumen que la migración irregular debe reducirse drásticamente y que una parte significativa de las cerca de 330.000 personas en esa situación deberá abandonar el país.
Durante décadas la integración regional se entendió como un mecanismo de aproximación política y económica que buscaba reproducir modelos nacidos en Europa; era una construcción institucional pesada y con procedimientos lentos.
En un momento en que la política exterior boliviana busca recuperar rumbo, profesionalismo y resultados, la Comunidad Andina (CAN) se confirma como el espacio de integración más sólido y útil para el país. No es solo una política heredada de 56 años de historia; es un instrumento vivo, moderno y con un potencial que Bolivia aún no ha aprovechado plenamente.
La nueva etapa de relaciones entre Bolivia y Estados Unidos avanza con una intensidad poco común, marcada por gestos políticos que han sorprendido incluso a los observadores más escépticos. Washington ha manifestado una voluntad explícita de recomponer una relación estratégica con La Paz y ha puesto en la agenda bilateral temas centrales para la seguridad hemisférica: la lucha contra el crimen organizado transnacional y el combate al narcotráfico.
Ayer, sábado, Bolivia inauguró una nueva era política. Es, sin exagerar, un comienzo soñado para Rodrigo Paz Pereira.
Como si todos los astros internos y externos hubieran decidido alinearse, el país despierta de una larga noche –esa que se extendió por casi dos décadas bajo el dominio del llamado “socialismo del siglo XXI”– con la esperanza de reencontrarse con la libertad, con el sentido común.
Lo que comenzó como una amable mención del presidente Donald Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, sobre Bolivia como posible nuevo socio en América Latina durante una conferencia de prensa motivada por la visita del presidente argentino Javier Milei, se ha transformado en apenas dos semanas en una notable cercanía.
La posibilidad de que la hoja de coca salga finalmente de la Lista 1 de estupefacientes de las Naciones Unidas marca un punto de inflexión histórico. De confirmarse, se trataría de uno de los mayores logros de Bolivia desde que, en los años 80, el entonces presidente Jaime Paz Zamora impulsara la célebre consigna “Coca no es cocaína”, buscando distinguir entre el uso ancestral y los fines ilícitos que desnaturalizan su valor cultural.