Policía política y reforma judicial

Que el Gobierno ha perdido el control de la Policía no es novedad. Quedó muy claro, hace ya varios años, cuando el señor Morales Ayma, presidente en ese momento, estableció un plazo de 90 días para reformarla y nada sucedió. O todo sucedió y continúa ocurriendo. Desde la extorsión cotidiana y las veleidades políticas, hasta ese incómodo 95% de autos robados en manos de jefes y sus protectores políticos, o los megalaboratorios de cocaína “del tamaño de un pueblo” que se evaporaron el mes pasado, mientras las patrullas y el Ministro buscaban un poquito más allá….

Este escueto recordatorio de conductas policiales que inducen a que la población tenga pavor a demandar su protección hace todavía más intrigante la afirmación de su comandante nacional, quien ha dicho el 6 de mayo que “la Policía boliviana es mejor que el FBI” (textual).

El descontrol policial supone una gran preocupación para quienes ejercen el poder por más de 15 años y quieren seguir haciéndolo sin interrupciones ni fecha de caducidad.  Está por un lado la inseguridad y el ascenso de los crímenes -asesinato y trata de mujeres y menores, a la cabeza de todos los otros- y, lo que más preocupa a la dirigencia política, los mecanismos de resguardo del poder para prevenir sorpresas desagradables. 

Ante tal desafío, la picardía criolla (aunque se disfrace de mestiza o indígena) ha patentado su solución para uno de los problemas del descontrol policial. Tiene, desde hace buen tiempo, un gran reemplazante que ejerce una represión política selectiva y focalizada dirigida a escarmentar herejes, críticos, disidentes o simples inconformes. Su gran invento consiste en haber convertido al aparato judicial en la policía política del régimen.

Como los policías resultan crecientemente impredecibles, porque pueden volverse contra quien los apoyó y promovió, debido, antes que nada, a la extrema partidización de su administración y manejo (promociones, destinos, grados, sanciones), jueces y fiscales componen ahora la primera plana de la nueva policía política, siempre lista y disponible para abalanzarse sobre aquellos señalados por el acusador índice del poder imperante.

El exdirector del Fondo Indígena, que sucumbió tras más de 200 juicios, fue víctima del sadismo desatado de decenas de jueces y fiscales, para no hablar de las tropillas de guardianes que ejecutaban sus órdenes. Un tratamiento similar padeció el último expresidente del Servicio Nacional de Caminos, que murió en octubre de 2013, también como consecuencia de los maltratos de la policía política (recargada). Según muestran los ejemplos, la policía política tiene entre sus atribuciones una informal, pero eficaz, licencia para matar. Con impunidad garantizada, desde luego.

En el caso Fondioc, el contraste entre el trato dispensado a los administradores de segundo nivel con el de los ministros que conformaban el directorio del Fondo (entre ellos el actual Presidente del Estado) y la alta dirigencia sindical con la que decidían los montos y destino de los fondos resulta insultante. La policía política del régimen no ha investigado a los primeros y fundamentales responsables, o ha congelado las investigaciones, mientras ya se anota una muerte y toneladas de sufrimiento humano en su haber. 

El reciente descubrimiento de nuevos consorcios de jueces, fiscales, abogados y otros deja la impresión de que una de las retribuciones que obtiene la policía política por sus servicios es una amplia discrecionalidad para que, en el área de sus responsabilidades penales ordinarias, pueda liberar a cualquier delincuente que pueda pagar sus servicios -sin que importe la atrocidad de sus crímenes-. 

La represión judicial boliviana se parece cada vez más a la receta de “Somocita” Ortega, quien gobierna Nicaragua con idéntico apego al poder al que exhiben nuestras autoridades.

El uso de la administración de justicia para obtener ventajas políticas, como las que dio el golpe de Estado perpetrado por el TCP en 2017, al declarar inconstitucional a la CPE y anular la soberanía popular (referendos de aprobación de la Constitución de 2009 y contra la reelección en 2016), conduce a que la alta magistratura, por acción u omisión, sea directa responsable o cómplice de crímenes contra nuestra libertad y el funcionamiento democrático.

Si a ello se suma el rol de policía política que le ha conferido el régimen, estamos ante una situación que hace inviable la reforma que se ha prometido. Para empezar a salir del atolladero, el paso número uno es recuperar la plena e incondicional vigencia de la Constitución, anulando cualquier sentencia o acto que la subordine o condicione, junto a la inmediata renuncia del TCP, ejecutor del delito fundamental. Queda claro que la única ruta para empezar a avanzar es la movilización social, enarbolando estas demandas.