<p class="rtejustify"> La justicia determinó ayer enviar a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por tres meses al excomandante de la Séptima División del Ejército y excomandante General del Ejército, Genaro Ramos, por el presunto delito de genocidio tras las muertes&nbsp;y el centenar de heridos registrados en los enfrentamientos de Huayllani, Sacaba, durante los conflictos poselectorales de octubre y noviembre de 2019.</p> <p class="rtejustify"> La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, indicó que Ramos fue aprehendido la tarde del jueves en la ciudad de La Paz y trasladado hasta Cochabamba para ser sometido a una audiencia de medidas cautelares.</p> <p class="rtejustify"> “Se ha procedido a recibir la declaración informativa de esta persona, que es un militar, se procedió a conectar los elementos de convicción suficientes y se ha presentado la resolución e imputación formal, por genocidio, asesinato y tentativa de asesinato”, dijo Gonzales.</p> <p class="rtejustify"> Las investigaciones contra el acusado tienen una duración de seis meses, pero el Ministerio Público ampliará el plazo para concluir los actos investigativos.</p> <p class="rtejustify"> Gonzales señaló que, durante los conflictos de 2019, Ramos ejercía como comandante de la Séptima División del Ejército de Cochabamba, por lo que estaba al tanto de las acciones que se asumieron en las intervenciones en conjunto de la Policía y los militares.</p>

<p class="rtejustify"> La justicia determinó ayer enviar a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por tres meses al excomandante de la Séptima División del Ejército y excomandante General del Ejército, Genaro Ramos, por el presunto delito de genocidio tras las muertes y el centenar de heridos registrados en los enfrentamientos de Huayllani, Sacaba, durante los conflictos poselectorales de octubre y noviembre de 2019.</p> <p class="rtejustify"> La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, indicó que Ramos fue aprehendido la tarde del jueves en la ciudad de La Paz y trasladado hasta Cochabamba para ser sometido a una audiencia de medidas cautelares.</p> <p class="rtejustify"> “Se ha procedido a recibir la declaración informativa de esta persona, que es un militar, se procedió a conectar los elementos de convicción suficientes y se ha presentado la resolución e imputación formal, por genocidio, asesinato y tentativa de asesinato”, dijo Gonzales.</p> <p class="rtejustify"> Las investigaciones contra el acusado tienen una duración de seis meses, pero el Ministerio Público ampliará el plazo para concluir los actos investigativos.</p> <p class="rtejustify"> Gonzales señaló que, durante los conflictos de 2019, Ramos ejercía como comandante de la Séptima División del Ejército de Cochabamba, por lo que estaba al tanto de las acciones que se asumieron en las intervenciones en conjunto de la Policía y los militares.</p>

La justicia determinó ayer enviar a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por tres meses al excomandante de la Séptima División del Ejército y excomandante General del Ejército, Genaro Ramos, por el presunto delito de genocidio tras las muertes y el centenar de heridos registrados en los enfrentamientos de Huayllani, Sacaba, durante los conflictos poselectorales de octubre y noviembre de 2019.

La justicia determinó ayer enviar a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por tres meses al excomandante de la Séptima División del Ejército y excomandante General del Ejército, Genaro Ramos, por el presunto delito de genocidio tras las muertes y el centenar de heridos registrados en los enfrentamientos de Huayllani, Sacaba, durante los conflictos poselectorales de octubre y noviembre de 2019.

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<p class="rtejustify"> El periodista Javier Martín Colque Rollano fue citado por el Ministerio Público para que se presente a declarar este lunes 12 de septiembre por los conflictos que se produjeron en Huayllani en 2019. Advirtieron con aprehenderlo si no se presenta ante esa instancia.</p> <p class="rtejustify"> El periodista pidió que se respete el alcance de la Ley de Imprenta ante la convocatoria de la fiscalía para que declare en calidad de testigo del mencionado caso.&nbsp; El 15 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales se produjo un enfrentamiento entre militares y los sectores afines al partido en gobierno, donde 11 personas fallecieron y más de un centenar resultaron heridas.</p> <p class="rtejustify"> A la vez, el comunicado de la ANP señala que de acuerdo a la "orden de citación testifical" de fecha 19 de agosto, Colque debía presentarse el 30 de agosto a las 15:30 en la Fiscalía de Sacaba para prestar declaración, pero envió un memorial excusando su comparecencia.</p> <p class="rtejustify"> El periodista indicó que en el documento de citación encontró errores en su apellido y fue notificado mediante WhatsApp. Además, explicó que mandó una respuesta dejando en claro que estuvo en el lugar de los hechos cumpliendo su labor de periodista, de un medio televisivo del que hoy ya no es parte, como muchos de sus colegas de diversos medios.</p> <p class="rtejustify"> "Es inaudito que refieran que mi persona pueda establecer datos de notas periodísticas que datan de mucho tiempo atrás y es necesario aclarar que mi persona no puede aseverar alguna verdad o falsedad de algún hecho, ya que mi trabajo como periodista es el de informar sobre los hechos sucedidos", alegó Colque en el memorial.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, precisa que por tratarse de una cobertura periodística su presencia en el lugar de los sucesos de noviembre de 2019 debe ser tratada dentro del marco de la Ley de Imprenta y la advertencia de orden de aprehensión en su contra "resulta una amenaza, una coacción".</p> <p class="rtejustify"> En ese contexto, recuerda a los fiscales que la Ley de Imprenta de 1925 está vigente y tiene como fin "amparar y proteger a los periodistas" y precautelar la inviolabilidad del secreto de imprenta.</p> <p class="rtejustify"> De acuerdo a los fiscales, como consta en la nueva citación, el justificativo de Colque no corresponde porque "no se le ha solicitado la emisión de información de sus fuentes de información" y la citación emitida está "orientada a la posibilidad de contar con entrevistas de testigos presenciales en el lugar del hecho, con la única finalidad de descubrir la verdad histórica y material de los hechos (...)".</p> <p class="rtejustify"> Por tanto, citando el artículo 193 de la Constitución Política del Estado, señalan: "Toda persona que sea citada como testigo tendrá la obligación de comparecer ante el juez o tribunal para declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado (...)".</p>

<p class="rtejustify"> El periodista Javier Martín Colque Rollano fue citado por el Ministerio Público para que se presente a declarar este lunes 12 de septiembre por los conflictos que se produjeron en Huayllani en 2019. Advirtieron con aprehenderlo si no se presenta ante esa instancia.</p> <p class="rtejustify"> El periodista pidió que se respete el alcance de la Ley de Imprenta ante la convocatoria de la fiscalía para que declare en calidad de testigo del mencionado caso.  El 15 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales se produjo un enfrentamiento entre militares y los sectores afines al partido en gobierno, donde 11 personas fallecieron y más de un centenar resultaron heridas.</p> <p class="rtejustify"> A la vez, el comunicado de la ANP señala que de acuerdo a la "orden de citación testifical" de fecha 19 de agosto, Colque debía presentarse el 30 de agosto a las 15:30 en la Fiscalía de Sacaba para prestar declaración, pero envió un memorial excusando su comparecencia.</p> <p class="rtejustify"> El periodista indicó que en el documento de citación encontró errores en su apellido y fue notificado mediante WhatsApp. Además, explicó que mandó una respuesta dejando en claro que estuvo en el lugar de los hechos cumpliendo su labor de periodista, de un medio televisivo del que hoy ya no es parte, como muchos de sus colegas de diversos medios.</p> <p class="rtejustify"> "Es inaudito que refieran que mi persona pueda establecer datos de notas periodísticas que datan de mucho tiempo atrás y es necesario aclarar que mi persona no puede aseverar alguna verdad o falsedad de algún hecho, ya que mi trabajo como periodista es el de informar sobre los hechos sucedidos", alegó Colque en el memorial.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, precisa que por tratarse de una cobertura periodística su presencia en el lugar de los sucesos de noviembre de 2019 debe ser tratada dentro del marco de la Ley de Imprenta y la advertencia de orden de aprehensión en su contra "resulta una amenaza, una coacción".</p> <p class="rtejustify"> En ese contexto, recuerda a los fiscales que la Ley de Imprenta de 1925 está vigente y tiene como fin "amparar y proteger a los periodistas" y precautelar la inviolabilidad del secreto de imprenta.</p> <p class="rtejustify"> De acuerdo a los fiscales, como consta en la nueva citación, el justificativo de Colque no corresponde porque "no se le ha solicitado la emisión de información de sus fuentes de información" y la citación emitida está "orientada a la posibilidad de contar con entrevistas de testigos presenciales en el lugar del hecho, con la única finalidad de descubrir la verdad histórica y material de los hechos (...)".</p> <p class="rtejustify"> Por tanto, citando el artículo 193 de la Constitución Política del Estado, señalan: "Toda persona que sea citada como testigo tendrá la obligación de comparecer ante el juez o tribunal para declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado (...)".</p>

El periodista Javier Martín Colque Rollano fue citado por el Ministerio Público para que se presente a declarar este lunes 12 de septiembre por los conflictos que se produjeron en Huayllani en 2019. Advirtieron con aprehenderlo si no se presenta ante esa instancia.

El periodista Javier Martín Colque Rollano fue citado por el Ministerio Público para que se presente a declarar este lunes 12 de septiembre por los conflictos que se produjeron en Huayllani en 2019. Advirtieron con aprehenderlo si no se presenta ante esa instancia.

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<p class="rtejustify"> Los abogados de los militares imputados en el caso denominado Huayllani, que investiga la muerte de 12 personas durante operaciones combinadas entre policías y militares en los conflictos poselectorales de 2019, señalaron que existen al menos cinco vulneraciones a los derechos humanos de los oficiales.<br> Algunas de las vulneraciones que señalaron los juristas son que no se está garantizando el debido proceso, no se cumplen los tiempos procesales, se atenta contra la salud de los imputados y que existe un trato diferenciado porque a unos los obligan a ser transportados por tierra y a otros en avión.<br> El abogado del almirante Aldo Bravo, Sergio Sanjinés, explicó que su defendido fue llevado el miércoles por la noche al penal de máxima seguridad de El Abra para que pernocte en esas instalaciones hasta el día de su audiencia (ayer jueves).<br> “Mi cliente fue llevado al penal de El Abra para que ahí pueda pernoctar. En esos ambientes no tenía baño y tuvo que esperar por horas para ir (a hacer sus necesidades), esa es una vulneración a sus derechos. Existe una falta de consideración, no están tomando en cuenta que los procesados son adultos mayores y se los expone a viajes sin tomar en cuenta su estado de salud, se puede hacer la audiencia virtual”, dijo Sanjinés.<br> La abogada de Pablo Guerra, Giomar Ávila, explicó que “a los generales que han servido a la patria, los están tratando como vulgares delincuentes, no tienen condena y los hicieron caminar (ayer) más de una hora para hacer trasbordo”.<br> Ayer, el Juzgado de Sacaba postergó la audiencia porque dos coimputados se quedaron varados por el bloqueo en la vía hacia La Paz.<br> &nbsp;</p>

<p class="rtejustify"> Los abogados de los militares imputados en el caso denominado Huayllani, que investiga la muerte de 12 personas durante operaciones combinadas entre policías y militares en los conflictos poselectorales de 2019, señalaron que existen al menos cinco vulneraciones a los derechos humanos de los oficiales.<br /><br /> Algunas de las vulneraciones que señalaron los juristas son que no se está garantizando el debido proceso, no se cumplen los tiempos procesales, se atenta contra la salud de los imputados y que existe un trato diferenciado porque a unos los obligan a ser transportados por tierra y a otros en avión.<br /><br /> El abogado del almirante Aldo Bravo, Sergio Sanjinés, explicó que su defendido fue llevado el miércoles por la noche al penal de máxima seguridad de El Abra para que pernocte en esas instalaciones hasta el día de su audiencia (ayer jueves).<br /><br /> “Mi cliente fue llevado al penal de El Abra para que ahí pueda pernoctar. En esos ambientes no tenía baño y tuvo que esperar por horas para ir (a hacer sus necesidades), esa es una vulneración a sus derechos. Existe una falta de consideración, no están tomando en cuenta que los procesados son adultos mayores y se los expone a viajes sin tomar en cuenta su estado de salud, se puede hacer la audiencia virtual”, dijo Sanjinés.<br /><br /> La abogada de Pablo Guerra, Giomar Ávila, explicó que “a los generales que han servido a la patria, los están tratando como vulgares delincuentes, no tienen condena y los hicieron caminar (ayer) más de una hora para hacer trasbordo”.<br /><br /> Ayer, el Juzgado de Sacaba postergó la audiencia porque dos coimputados se quedaron varados por el bloqueo en la vía hacia La Paz.<br /><br />  </p>

Los abogados de los militares imputados en el caso denominado Huayllani, que investiga la muerte de 12 personas durante operaciones combinadas entre policías y militares en los conflictos poselectorales de 2019, señalaron que existen al menos cinco vulneraciones a los derechos humanos de los oficiales.

Los abogados de los militares imputados en el caso denominado Huayllani, que investiga la muerte de 12 personas durante operaciones combinadas entre policías y militares en los conflictos poselectorales de 2019, señalaron que existen al menos cinco vulneraciones a los derechos humanos de los oficiales.