Tierras Avasalladores atacan
El tráfico de tierras se intensificó en Cochabamba en 2023 con la aparición de grupos armados y redes que operan en varias regiones desplazando personas para asentarse; pero, también se iniciaron los primeros desalojos en predios avasallados.
Uno de los conflictos más graves ocurrió en Cotapachi, en el municipio de Quillacollo, en agosto, cuando los comunarios se enfrentaron con los loteadores y ocho agricultores resultaron heridos con impactos de bala, uno perdió una pierna y ahora está condenado a una silla de ruedas.
Poco después de la festividad de Urkupiña, el 18 de agosto, un grupo de avasalladores llegó a Cotapachi con el fin de asentarse en mil hectáreas, una parte en las qollqas (silos incaicos) y en el santuario de la Virgen.
En la incursión los presuntos loteadores pretendían levantar construcciones ilegales, pero durante el enfrentamiento fueron expulsados y los pobladores incendiaron un auto.
El abogado de los comunarios, Eduardo Mérida, denunció que el principal sospechoso es el autor de varios avasallamientos en el valle alto y Sacaba. Además, contaría con la protección de jueces y políticos. Los familiares del detenido, Edwin M., niegan los cargos. Por este hecho hay por lo menos 11 investigados.
Al ataque en Cotapachi, se suman más conflictos por tierras como el del cerro de Cota, entre Quillacollo y Vinto, donde los vecinos echaron a 400 loteadores de terrenos privados y áreas verdes que presuntamente provienen de Sipe Sipe y la zona andina del departamento.
Otro conflicto por tierras ocurrió en Tackoloma, en marzo, en Arbieto por Las Carmelitas, donde después de un proceso judicial se desalojó a los ocupantes de 27 hectáreas.
A fines de 2022, la Policía y el INRA desalojaron a los avasalladores de la Hacienda Angostura como parte de una política nacional contra el tráfico de tierras. El operativo se dio un año después de la denuncia y de la presencia de loteadores que ingresaron a esta zona impidiendo el riego y dejando sin alimento al ganado lechero.
Sólo en La Angostura se han invadido unas 580 hectáreas en los últimos tres años. Las construcciones clandestinas comenzaron en los cerros y llegaron hasta la pampa, donde antes había alfalfa para el ganado.
Se trata de una de las granjas lecheras más antiguas, con 117 años, que por los avasallamientos perdió 29 vacas por biocidio debido a la falta de agua y alimento. El emprendimiento disminuyó su producción de 1.600 litros diarios de leche a tan sólo 120.
Agropecuarios
Hay más zonas avasalladas. La Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), la Confederación Nacional de Agropecuarios (Confeagro) y la Asociación de Productores de Predios Avasallados (ASPA) denunciaron que hay más de 100 propiedades productivas afectadas.
Según la CAC, hay 4.500 hectáreas productivas avasalladas, donde se cultivaban maíz, avena, forraje y papa.
Entre los terrenos invadidos están: Tamborada-Cercado, Incachaca-Colomi, Puntiti Alto- Sacaba, La Viña-Sacaba, Villa Copacabana-Tolata, Paucarpata-Quillacollo, Arrumani- Cercado e Itocta en Cercado. Además, tres granjas lecheras en Capinota en la comunidad de Sarco Kucho. A la lista se suma la comunidad de Arpita, en Arbieto, que vive en vigilia para evitar el loteamiento de 126 hectáreas.
Identificados
La Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Cochabamba afirmó que hay 135 avasalladores identificados en 15 sectores.
Cada uno maneja entre 70 y 100 personas que están en diferentes lugares, denunció el representante de la Fedjuve, Ángel Quispe.
Las zonas avasalladas son: la Viña Central Norte, Distrito 6 y Esmeralda, en Sacaba; La Angostura, Moserpol, Carmelitas y Maycapampa, en Arbieto; Villa Copacabana, en Tolata; Tiquirani, Lagunilla Pampa Arrumani y sindicato agrario Itocta, en Cercado; sindicato agrario Blanco Rancho en Punata; comunidad agraria Retamas, en Tiquipaya, y un sector de Aiquile.
Los dirigentes vecinales llevan más de dos años pidiendo que la justicia procese a los traficantes de tierras, muchos con un historial de denuncias y con órdenes de aprehensión que no se ejecutan.
Además, el Comité de Defensa de las Tierras Avasalladas se movilizó contra el Instituto de Reforma Agraria (INRA) exigiendo agilizar el proceso de saneamiento de las tierras debido a que hay casos que llevan más de una década sin resolverse.
Otros son más complejos como el de Villa Copacabana, en Tolata, que ingresó a la mancha urbana y luego retornó al área rural; pero, ha se gestiona una resolución del Viceministerio de Autonomías para que se anule su pertenencia a la huella urbana y se puedan recobrar más de 200 hectáreas.
Más conflictos
Los avasallamientos de tierras persisten con mayor fuerza en el oriente del país. En Guarayos dos personas perdieron la vida en un enfrentamiento armado con los avasalladores.
El conflicto que se arrastra desde 2022 en un predio fiscal, cercano a Las Londras, comenzó cuando los comunarios de la subcentral Pailitas se preparaban para sembrar y un grupo de encapuchado armados los atacó. Ni la Policía pudo llegar al lugar para frenar el enfrentamiento entre civiles por tierras fiscales.
Los mismo dirigentes que hace dos años irrumpieron en Las Londras volvieron a amenzar de muerte a los empresarios y advierten con una segunda reforma agraria.
Lucha “incansable”
Ante los constantes conflictos por tierras, el Gobierno nacional anunció una lucha frontal contra los traficantes, pero la respuesta fue un recrudecimiento de los avasallamientos, sobre todo, en la parte del oriente, en Guarayos, con amenazas contra los empresarios y el pedido de una segunda reforma agraria.
El presidente Luis Arce y el viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, declararon que se insistirá en una lucha “incasable” contra este flagelo.
