“Ol in”, o las apuestas de fuego

“Ol in” (en inglés all in), así suena, aproximadamente, la expresión de un jugador de póker, cuando apuesta todas las fichas que tiene, en la ronda decisiva. Si gana su capital se duplica, si pierde, queda fuera.

El expresidente, Juan Evo Morales, aparentemente piensa que ha llegado la hora de apostar a fondo, pero se declara “sorprendido”, como le ocurre con peculiar frecuencia, esta vez, ante la decisión de la directiva de su Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), de convocar al bloqueo nacional indefinido de vías, comenzando a las cero horas del lunes 22 de febrero.

El expresidente con más años registrados en la conducción gubernamental dice, además, sentirse calumniado por los voceros oficiales, sus exseguidores, cuando apuntan sus índices y denuncias contra él, como cabeza conductora de la protesta, supuestamente dirigida contra la criminal “autoprórroga”, de las cabezas de los máximos tribunales del país —elegidos por descarte hasta el 31 de diciembre de 2022—.

El actual oficialismo describe la movilización de sus excompañeros, como un franco intento de golpe, insinuando que Morales buscaría asaltar de inmediato la conducción estatal, cuando en realidad lo que pretende es que el asustadizo presidente actual, abrumado por la agitación opte por adelantar la convocatoria a elecciones, en las cuales Juan Evo está seguro de arrasar, sin que importen las encuestas.

Las denuncias y movilización masistas contra los componentes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y los otros altos tribunales están enarboladas por unos acusadores infinitamente indignados por la decisión de dos componentes del TCP de inhabilitar una nueva candidatura presidencial de Morales, mediante una chueca interpretación de la Constitución. Pero lo patético de la impugnación a ese abuso, se basa en olvidar y tratar de escamotear que los cuestionadores habían antes apoyado con fervor a los exmiembros del TCP, cuando abrieron el camino a la candidatura de Morales en 2019, al aprobar una sentencia monstruosa que reformó, de hecho e ilegalmente, la CPE y anuló el referendo popular de 2016 y el de aprobación de nuestra actual CPE, en 2009.

Morales Ayma y su séquito, político y jurídico, acaban de “descubrir” que los máximos jueces, escogidos como candidatos por ellos y su bancada de 2/3 en las dos elecciones judiciales previas, actuaron y lo siguen haciendo como perros guardianes y policía política del régimen, en su versión 2006 a 2019 y la actual de 2020 hasta ahora. Lo aclara sin que le tiemble la voz el ministro de Defensa, al reconocer que el conflicto de fondo (incluyendo sus manifestaciones como bloqueos y otras protestas) es por la candidatura en las próximas elecciones (textual).

La dura apuesta del bloqueo quiere triturar las ilusiones sobre la capacidad de Arce Catacora para sortear el deterioro económico que, en 2020, alcanzaron para garantizar un triunfo mayoritario. Esas ilusiones sobreviven aun cuando el precio del dólar en la calle supera en un 20% a la cotización oficial, estimulando continuamente la inflación real. Esta expectativa, y alguna otra, amortiguan y contienen las protestas, por el temor a que su extensión ahonde los problemas económicos hasta hacerlos incontrolables.

Los cuestionamientos de Morales y su grupo al continuismo del TCP ponen de manifiesto la total falsedad de sus argumentos sobre haber sido víctimas de un golpe en 2019 y desnudan sin contemplaciones la miseria moral y política de los altos tribunales y el sistema judicial en su conjunto.

Un ejemplo, entre multitud de ellos, es que uno de los dos tribunos que interpretó abusivamente la CPE para cerrar el paso a una nueva candidatura de Morales, ha sido señalado por mantener una relación sospechosa con Pedro Montenegro, encarcelado por pertenecer al PCC del Brasil y ser el representante del mayor grupo criminal internacional vigente.

Cuando el ministro “de Justicia” (¿?) afirma que “son evistas” los componentes de esos tribunales que renunciaron a sus puestos, deja flotando la insinuación de que los que se quedan serían “arcistas”. Que nadie se llame a engaño: son simples cazadores de poder que se inclinarán ante quien les garantice la extensión de sus puestos de privilegio. El ministro Lima tiene que saberlo, porque ellos se mueven bajo la misma lógica que determina su adscripción a las filas del presidente actual.

Las probabilidades favorecen en principio a los que manejan los hilos, aparatos y mecanismos de poder, no a quienes quieren recuperarlos. Quienes tienen las riendas se juegan la vida y no vacilarán en endeudarnos a mayor velocidad, o promover el enfrentamiento, incluso físico, de las bases representadas por las burocracias dirigentes de las divididas organizaciones sociales. Con las apuestas sobre la mesa, la ruleta gira y las fuerzas se tensan.

El autor es investigador y director del Instituto Alternativo