Ante procesos, Evo asegura que habrá un “levantamiento” si es detenido
El expresidente Evo Morales, quien actualmente enfrenta al menos, cinco procesos penales relacionados con estupro, bloqueo de carreteras y una balacera en el trópico cochabambino, amenazó ayer con el “levantamiento” indígena y militar en caso de ser detenido por la justicia.
Morales aseguró a EFE que si el Gobierno del presidente Luis Arce lo captura habrá un “levantamiento” de los movimientos indígenas y las Fuerzas Armadas (FFAA) “se amotinarán”.
Los seguidores de Morales bloquean desde hace 18 días las carreteras que vinculan el oriente y occidente del país en defensa del exmandatario ante una posible orden de captura por un caso de trata de personas y estupro que se ventila en un juzgado de Tarija.
“Yo tal vez puedo exagerar, pero puedo asegurar que hay un levantamiento (de ser capturado). Tengo audios que me llegan de militares y policías. Los militares me dicen por una parte ‘nos estamos amotinando, no vamos a seguir’, porque están cambiando al mando rápidamente”, enfatizó Morales.
El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) acusó al Gobierno de un presunto atentado en su contra. Mientras se desplazaba por el trópico de Cochabamba, su automóvil habría sido interceptado por hombres que dispararon “14 veces”; versión que fue rechazada por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Estupro
Sobre el caso de estupro, la fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez reveló que la víctima realizó más de 79 viajes al interior y exterior del país, entre 2015 y 2019. Los países que frecuentaba eran Argentina y Venezuela. Añadió que “se recibieron llamadas de varias víctimas de Morales, pero temen realizar la denuncia”.
Del Castillo desafió a Morales a someterse a una prueba de ADN y aseguró que el caso “no va a quedar en el olvido”. Dijo además que Morales “transgredió los derechos de niñas en Tarija o otras regiones del país”.
Balacera
Acerca de la portación de armas, Morales reveló el domingo a RKC que tuvo que disparar a la llanta de uno de los vehículos que presuntamente lo perseguían.
Del Castillo reiteró ayer que los disparos provinieron de los coches en los que Morales se movilizó. Además, mostró registros de dos escopetas a su nombre. “Mínimamente estamos hablando de que usted posee tres armas de fuego: las dos escopetas que ha solicitado su registro y el revólver por el que se le ha denegado la autorización”, dijo.
Exhibió como prueba la credencial de las armas de Morales, la factura presentada en 2021, y otros documentos como antecedentes, croquis de domicilio y otros. Recordó que existe una denuncia por asesinato en grado de tentativa porque un policía resultó gravemente herido.
En el mismo caso de la balacera, Morales admitió que usó dos coches prestados por Venezuela. Uno de ellos de propiedad de Miguel Ángel Lozano, presidente en Bolivia de la estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa).
Otros delitos que involucran a Morales son alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, portación de armas y asociación delictuosa, entre otros.
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, exigió ayer que se cumpla la ley ante los bloqueos que están siendo promovidos por los seguidores del exmandatario Morales.
CIDH llama a indagar denuncia de Morales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo ayer un llamado al Gobierno del presidente Luis Arce para investigar con la “debida diligencia” la denuncia de un presunto ataque armado contra el vehículo en el que se transportana el expresidente Evo Morales, el domingo pasado.
“#Bolivia: #CIDH llama al Estado a investigar con la debida diligencia la denuncia de ataque armado contra el vehículo que transportaba al expresidente Evo Morales, el 27 de octubre en Cochabamba”, se pronunció ese organismo en su cuenta X.
Este domingo, el exmandatario denunció que fue víctima de un presunto atentado contra su vida, por parte de policías armados que lo interceptaron en dos camionetas y dispararon 18 veces a sus dos vagonetas.
La CIDH en su breve mensaje en X, sostuvo que “en el actual contexto de tensiones políticas y sociales, insta a las autoridades a garantizar los derechos humanos, actuando oportunamente para atender puntos de conflicto y prevenir la violencia”.
