Los depredadores ahora apuntan a la Chiquitanía

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Publicado el 05/04/2021 a las 8h30
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Como en el Madidi, el Aguaragüe, Apolobamba, por citar algunos casos, la historia se repite. Es algo así como otra feria de la depredación ambiental. Piense en alguno de los emprendimientos que destrozan el bosque y contaminan las aguas, y en la Chiquitanía, muy probablemente lo encuentre.

Por ejemplo, la minería que tuvo, tiene y prevé tener notable actividad en esta región. Baste un ejemplo del pasado: hace más de tres décadas empezó a cristalizar la mina Don Mario, ubicada en el municipio de San José. Era propiedad del empresario y expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sea a través de su empresa, Comsur o de la transnacional de la cual ejercía como uno de los socios principales, la canadiense Orvana.

Un detallado estudio de Alicia Tejada Soruco, Minería en Tierras Bajas, editado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) describe a Don Mario. Y allí cita: “En el 2001, se había calculado que en la mina subterránea sujeta a la sociedad Orvana-Comsur, existían 667 mil toneladas de mineral de reservas con leyes de 17,6 gramos de oro por tonelada, además de otras 329 mil toneladas con leyes promedio de 8,3 gramos de oro por tonelada. Se previó, asimismo, que las reservas minerales de esta zona sustentarían una vida útil de siete años”.

ORO Y MÁS RIQUEZAS

Sólo de aquel proyecto se llegaron a extraer más de cuatro toneladas anuales de oro, al margen de otros metales. Ello implicaría, a cuenta del oro, ingresos de entre 22 y 40 millones de dólares anuales, según las cotizaciones de aquellos años. Sin embargo, todas las actividades mineras de la región nunca aportaron, en conjunto, más de tres millones de dólares en regalías al departamento de Santa Cruz. Ello, al margen de causar frecuentes problemas de contaminación, en especial de las aguas.

Pese a aquella experiencia (Don Mario hoy se halla en proceso de cierre) han surgido otros proyectos. Transnacionales, como la brasileña Votoratim y la anglobrasileña Glosobyk, la colombiana kyleno y la estadounidense Golden Hill realizaron exploraciones en pos de niquel, hierro y oro en la zona. En más de una oportunidad anunciaron su intención de pasar a la explotación.  Están registrados oficialmente 62 depósitos mineros en la zona. Veintiocho de ellos contienen oro; seis, hierro; cinco, manganeso; seis, estaño y seis, cobre, pero además se registran tierras raras, titanio, plomo, plata, zinc, berilio y tantalio, entre otros.

Paralelamente, en diversas regiones de la Chiquitanía se explota ilegalmente oro. Mientras también hay establecidas conocidas empresas que extraen piedras preciosas y mármol. Resulta muy conocido un crónico tráfico ilegal de esta riqueza. “Por San Ignacio o por San Rafael es lo más normal que pasen personas transportando mármol -dice Carlos Pérez (nombre ficticio), un ingeniero ambiental que pasó varios meses en la zona y prepara una tesis doctoral-. También frecuentemente se sabe de alguien que llevó oro de algún lado”.

Pero, el negocio de unos no alcanza a muchos. “Toda la actividad minera realizada en la región Chiquitanía ha generado 1.160 millones de dólares en el periodo 2000 – 2019 -señala un informe del Cedib titulado “¿Qué deja la minería del oro en la Chiquitanía”-. De ese total, las regalías otorgadas a la Gobernación de Santa Cruz y a los municipios chiquitanos sólo ha sido de los 66,5 millones de dólares, que es equivalente al 5,7 por ciento del valor de los minerales. La explotación de oro en la Chiquitanía, en el lapso de 20 años, ha generado un ingreso de 746,3 millones de dólares, y sólo han dejado 41,9 millones de dólares como pago de regalías”.

Pese a esas experiencias, en los últimos años, nuevamente se han anunciado proyectos mineros. La amenaza de catástrofes ambientales y réditos nulos han vuelto también a emerger sin ser siquiera desmentida por autoridades y empresarios. Incluso, en el caso del más sonado y promocionado proyecto asentado en la región: El Mutún, la colosal reserva de hierro donde, desde 2019, trabaja la minera china Sinosteel.

“Si van a sacar el hierro como materia prima, tendrán que llevarla por 150 kilómetros de vía complicada hasta puerto Busch y si apelan a un tren, será un gasto enorme -dice Miguel Crespo, director de Productividad Biosfera y Medioambiente (Probioma)-. Si van a desarrollar una siderúrgica, tendrán que utilizar ingentes cantidades de agua. ¿De dónde la van a sacar? De la laguna Cáceres. Y entonces, se sumará otro desastre ambiental. Esto se parece a otro de esos grandes elefantes blancos como el de la úrea”.

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Catástrofe. En 2019, más de cinco millones de hectáreas de bosque ardieron en la Chiquitanía.

ACOSADOS POR LA SOYA

Como es sabido, la Chiquitanía se halla asentada en la zona del precámbrico, una especie de escudo subterráneo compuesto por las piedras más antiguas de la Tierra. Por esa razón, buena parte de esta región contiene en su base una gran variedad de minerales y piedras preciosas. Pero, por esa condición, también, tiene sobre su superficie uno de los bosques más particulares y biodiversos del planeta.

Una delicada floresta que, gracias a los ciclos de lluvias, armonizados con la alquimia de los árboles, contiene una incalculable riqueza de productos vegetales.

Sin embargo, aquella afirmación cada vez y con más frecuencia se conjuga en verbo pasado. La Chiquitanía se halla cercada por un incontenible avance de productores de soya transgénica de toda proporción y origen. Desde el norte integrado cruceño, los soyeros empezaron a expandirse hacia la Chiquitanía de manera sostenida ya hace varios años. Diversas comunidades indígenas se hallan cada vez más rodeadas, tanto por colonos inmigrantes del norte del país, como por productores menonitas y grandes empresas soyeras. Pero, además, desde la frontera, la soya también asola al bosque chiquitano.

“Los brasileños están el proceso de entrar 300 kilómetros dentro de territorio boliviano para la producción de soya y están entrando por San Ignacio -dice Crespo-. Ya están produciendo y tienen montada toda una infraestructura, por San Matías y Cáceres, donde han montado tres puertos, para llevarse esa soya hacia el Atlántico. En toda la región, hay intensa actividad brasileña y varios de los grupos de interculturales bolivianos, afines al gobierno boliviano, que están accediendo a tierras son funcionales a ese propósito. Cuidado que en un futuro cercano haya municipios con alcaldes de origen brasileño en la zona”.

Según evaluaciones oficiales, los proyectos agroindustriales derivaron en 2019 en la quema de 5,2 millones de hectáreas, en uno de los mayores desastres ambientales de la historia boliviana. Se trata de una extensión equivalente al territorio de un país como Costa Rica y a la tala acumulada desde 2011 hasta 2017. En 2020, las quemas involucraron otras 2,1 millones de hectáreas. La evaluación de los daños a la flora y fauna sigue en progresivo avance. La contaminación con ceniza de ríos y lagunas es un problema que genera recurrentes reclamos. Las diversas áreas protegidas resultan frecuentemente avasalladas y afectadas por los cambios.

“Hace cuatro años, sólo en el municipio de San Ignacio, habían registradas 154 comunidades campesinas -señala Pérez-. Este año, la base de datos señala la existencia de 305 comunidades. La mayoría apuesta al agronegocio. Y además de ellas, hay productores menonitas que siguen avanzando y grandes empresas que están llegando a la zona. ¿Se imagina la catástrofe? Lo llamativo es cómo agroindustria, gobierno y comunidades trabajan al unísono para atentar contra el bosque”.

Los reclamos de los pueblos indígenas de la región no se dejaron esperar. Tres organizaciones de originarios hicieron público su rechazo, este martes 30 de marzo, a una serie de decisiones que han afectado en el último tiempo al territorio chiquitano y cuestionaron la falta de transparencia a la hora de rendir informes a los indígenas de la región. Criticaron la entrega de tierras, tras el proceso de saneamiento, a más de 1.400 comunidades provenientes de otras regiones del país. y desconociendo las demandas de territorio de parte de los originarios.

“Ninguna cultura, por más grande que sea, puede estar por encima de otras culturas que habitan nuestro país”. Con esa frase cierra el pronunciamiento emitido conjuntamente por la Asociación de Cabildos de San Ignacio de Velasco (Acisiv), la Central de Comunidades Indígenas de San Miguel de Velasco (Ccism) y la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (Acisarv).

SIN AGUA

En ese marco, la acelerada pérdida de bosque más los efectos globales del cambio climático han precipitado una creciente crisis que golpea como nunca antes a la Chiquitanía: la escasez de agua. “El bosque chiquitano es conocido como bosque seco chiquitano por su singular ciclo hídrico -explica Pérez-. Normalmente, algo más de la mitad del año no llovía y luego, llegaba la época de lluvias que fertilizaba el campo. De ahí, el surgimiento de sus singulares flora y fauna. Pero los golpes que han recibido estos bosques han alterado el ciclo y cada año llueve menos y la escasez ya es un drama que podría convertirse en catástrofe ambiental y humanitaria. Este año, las lluvias tal vez no hayan durado ni tres meses”.

Por si fuera poco, la evidente ausencia estatal atrae otro creciente problema a la región. La mayoría de las fuentes consultadas asegura que las actividades del narcotráfico en la Chiquitanía se han multiplicado. El juego de los múltiples factores que implican el tráfico y la producción de cocaína ha sentado -aseguran- sus influencias tanto en las actividades comerciales como en la inseguridad social. La presencia de colombianos y brasileños dedicados a esa actividad resulta harto conocida.

“Si barajamos una imaginaria conspiración, lo que está pasando en la Chiquitanía es como matar, primero, el bosque con su plan de soya y la ganadería, para dejarlo convertido en un erial -concluye Pérez-. Claro, como en otros tiempos fue una maravillosa fábrica de lluvias, el castigo de la desertización también llegaría a otras regiones. El segundo paso, sería ir por los minerales a una región despoblada y desértica, con territorios libres para el narco. Pobre Santa Cruz, ¿no? Sólo es un juego imaginario, y espero que sea sólo eso”.

¿Un paraíso destruido a nombre del desarrollo…de unos cuantos? No sería la primera vez. Ya ha pasado en el Aguaragüe, en Apolobamba y avanza hacia el Tipnis. A estas alturas, el problema probablemente consista en saber por qué se repite una y otra vez.

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