Bolivia vive la (ignorada) era del oro

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Publicado el 08/08/2021 a las 15h10
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Como consecuencia del mazazo económico que trajo la pandemia en el mundo se desató una conocida fiebre: la fiebre del oro. Dada la inestabilidad de las divisas y al ser un refugio seguro para los inversores, las cotizaciones del oro batieron récords históricos en 2020: el metal amarillo agregó más de 500 dólares, o el 32 por ciento, a su valor durante los primeros ocho meses del año pasado. En agosto llegó al récord de 2.067,15 dólares por onza troy. Es más, gurús del mercado del oro, como Rob McEwen, Frank Holmes y David Smith, han previsto que esa marca podría ser superada con creces. Y en Bolivia, según los expertos, y hasta a ojos vista, se explota grandes cantidades de oro, se vive una era del oro.

Hay zonas auríferas en los nueve departamentos del país. “Según registros oficiales, la explotación legal de oro mueve más de 2.000 millones de dólares”, ha dicho el expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova. Pero de acuerdo al Ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, una producción de oro valuada en 1.850 millones de dólares se va al contrabando. Es decir, Bolivia, explota hoy oro por un valor anual que supera a lo registrado en cada uno de 17 de los últimos 20 años de exportaciones de gas. Que el Estado y la sociedad boliviana en general se beneficien muy poco de esta abundancia de oro es otra historia.

“Así como hubo la era de la plata, del estaño o del gas, hoy vivimos la era del oro —remarca Córdova, quien es ingeniero metalúrgico—. Desde hace varios años el principal mineral de exportación de Bolivia es el oro. Su aporte al Producto Interno Bruto Minero, en valor, constituye prácticamente el 50 por ciento de los minerales que exporta el país. Su importancia es grandísima además por la cantidad de personas que trabajan en el sector. Tenemos más de dos mil cooperativas mineras que emplean más de 100 mil personas”. 

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En Choro Grande, hace un par de años, un enfrentamiento entre mineros se saldó con dos muertes
Agencias

Negocio privado

Córdova añade que en toda esta era y en todos estos años del Estado boliviano, el oro nunca ha sido explotado a nivel estatal. En los 33 años de vida que tuvo la Comibol, tras la Revolución Nacional, no tuvo una explotación aurífera propia como ha tenido para el estaño, el zinc, el antimonio u otros. Sorprendentemente, el Estado cedió la explotación del oro a lo que consideraba “operaciones de pequeña escala” o “marginales”, devenidas posteriormente en cooperativas. Luego abrió el abanico a “operaciones de alta tecnología”, ligadas a empresas transnacionales. Lo cierto es que más del 98 por ciento de la explotación aurífera es realizada por privados, sobre todo, aproximadamente el 84 por ciento, por cooperativistas. Y la vigente “era del oro” parece quedar cautiva en manos de este sector.

Las cooperativas auríferas virtualmente explotan a discreción esta riqueza nacional sin control estatal que valga. Su creciente poder económico y capacidad de movilización les dio un poder político que raya en la impunidad.

“Como se consideraban yacimientos marginales que respondían a un fin social y producían cantidades limitadas, se impusieron regalías muy bajas —explica el analista Óscar Campanini—. Pero luego se acogieron a esa normativa prácticamente todos los actores que explotan oro. En la práctica, hoy hay operadores mineros que tienen capitales importantes. La maquinaria que manejan, de decenas, sino cientos de miles de dólares de costo, difícilmente va a responder a un emprendimiento de pequeña escala. Dragas, equipo motorizado de carga y otros dan la idea de que son emprendimientos mineros apalancados por una gran cantidad de capital”.

La tributación en regalías llega al 2,5 por ciento e incluso al 1,5 (si venden su producto a joyerías nacionales), se resisten a pagar otros impuestos. Ello implica que mientras, legalmente, se comercializan cerca de 2.000 millones de dólares, lo que recibe el Estado apenas llega a 50 millones de dólares. Un total de 1.950 millones de dólares se va a manos de particulares. Pero no sólo el poder cooperativista se impone en el factor de la tributación, sino que ha llegado a impedir hasta un mínimo de controles. Así, por ejemplo, logró atribuirse el rol de la comercialización al que habían aspirado las autoridades estatales.

“En 2010, el Gobierno creó la Empresa Boliviana del Oro (EBO) —recuerda Campanini, quien es director del Centro de Información y Documentación Bolivia (CEDIB)—. La EBO tenía como misión: ‘Poner al Estado en un rol protagónico en la comercialización del oro. Cooperativistas y pequeñas empresas tenían que vender su producción a esta empresa. La EBO iba a darle mayor control al Estado, pues en la comercialización se cumple esa labor y se calculan las regalías. Incluso, al acopiar oro, iba a destinar una parte para hacer que crezcan nuestras Reservas Internacionales. Desafortunadamente, una serie de acciones de las cooperativas y también del propio Estado impidieron que esta iniciativa prospere”.

Es más, la fuente recuerda que los cooperativistas pidieron la creación de una comercializadora de los propios cooperativistas llamada Comermin. Se llegó al extremo de que esta cooperativa comercializadora de minerales fue respaldada por el propio Estado. Se organizó a través de préstamos del propio Estado al sector. Con cooperativistas controlando a cooperativistas la tributación de regalías se convirtió en una función prácticamente librada al buen humor de los responsables. Córdova señala que, en la era del oro, el aporte cooperativista al Estado es mucho menor que el de los barones del estaño, históricamente considerado indignante.

La bancada cooperativista

En lo político, a semejanza de los barones del estaño, los nuevos potentados mineros también imponen su agenda más allá de siglas y colores. “Desde hace bastantes años, el sector cooperativista minero tiene un poder económico y político impresionante —explica Campanini—. Por ejemplo, cuando se aprobó la Ley Minera, en 2014, se podía hablar de manera lógica y coherente de una bancada cooperativista minera. No sólo tenían sus legisladores en el partido oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS), sino también en los otros partidos de oposición. Se llegó al punto de que en ciertos temas, como la aprobación de la Ley Minera, funcionaban como una bancada del sector. Esto sin mencionar la influencia que tuvieron en diversas autoridades del Ministerio de Minería, independientemente de cualquier gobierno, sea Morales, Áñez o Arce Catacora”.

A su poder económico y político, desde hace aproximadamente una década, los cooperativistas auríferos le han sumado otra característica: respaldo internacional, relación fluida con empresas transnacionales. La laxa normativa que rige al sector le ha permitido establecer contratos con empresas extranjeras. Cuando en 2014 se quiso restringir este tipo de relaciones, el sector realizó virulentas movilizaciones y creó intensa polémica dentro del propio gobierno masista. Diversas investigaciones y las fuentes consultadas señalan la presencia de operadores chinos y colombianos. Los extranjeros trajeron tecnología y capitales mientras las cooperativas ceden espacios a cambio de ganancias compartidas. Al margen de algunas denuncias de prensa y contadas intervenciones de autoridades, poco se sabe sobre los detalles de estos acuerdos.

La herencia aurífera

¿Qué le deja al país la era del oro, al margen de los 50 millones de dólares o, mejor dicho, la cuarentava parte de negocio? Un combo de problemas de diversa índole. El estudio “El caso de la minería aluvial del oro en Bolivia”, realizado por un equipo de investigadores del CEDIB, describe crecientes impactos sociales, económicos y ambientales.

A nivel social, tras citar varios casos puntuales de conflictos en regiones auríferas entre cooperativas y comunidades, concluye: “La explotación de oro causa: despojo, desplazamiento, ausencia de derechos de acceso a la información, rompimiento del tejido social, incremento del costo de vida, drogadicción, cambio de patrones de producción y formas de vida,”.
Los daños medioambientales también se muestran alarmantes: “Impactos graves sobre los ríos como la alteración de su curso, deforestación de las zonas de nacientes de ríos, remoción de material, que afecta a la fauna, y la contaminación por mercurio. Este último factor requiere mayor atención e investigación. Por las características que tiene este tipo de impacto sobre el ambiente y la salud de las personas, sus efectos se verán recién dentro de tres a cinco años en adelante. La importante cantidad de mercurio que llega a Bolivia (segundo importador mundial de mercurio) y la falta de cuidados que demuestran varios operadores mineros están incrementando significativamente la cantidad de metil mercurio acumulada en peces y personas. Según recientes estudios internacionales comparativos, indígenas bolivianos presentan grados exorbitantes de mercurio muy superiores a los límites establecidos por la normativa internacional”.

Las salidas

¿Qué se puede hacer para reencaminar esta era del oro que pasa tan ajena al grueso de la población y el Estado boliviano? El ingeniero Héctor Córdova lanza una serie de sugerencias puntuales: “Se debería desconcentrar de la administración central el control del flujo de minerales y metales, particularmente del oro. Habría que pasar a las gobernaciones buena parte de ese control, pues los interesados son ellos, ya que reciben las regalías. Se debe centralizar la comercialización en una sola entidad del Estado que compre el oro a todos los operadores. Se tiene que uniformar el pago de regalías porque los operadores se aprovechan para pagar siempre las mínimas. Además, todas las cooperativas y empresas auríferas deben pagar el Impuesto a las Utilidades. Finalmente, también debería controlarse el diésel subvencionado que reciben estas organizaciones, es una subvención gigantesca que bordea los 200 millones de dólares anuales. Sumando todo ello, los ingresos del Estado subirían de 50 a 1.000 millones de dólares, que es lo adecuado para semejante negocio”.

Sin embargo, hay especialistas que tienen una mirada aún más crítica y postulan otro tipo de reflexiones y salidas. Uno de ellos es el uruguayo Eduardo Gudynas quien al referirse al caso boliviano y de otros países del entorno ha escrito: “¿Para qué se extrae todo ese oro? La información disponible muestra que aproximadamente el 45 por ciento del consumo de oro va a parar a la joyería, o sea para el consumismo de la opulencia. Y los principales consumidores están en China, India y otros países del oriente y medio oriente. Otro 45 por ciento va para acuñar monedas y lingotes, o sea para los financistas, banqueros y muy ricos. (…) Por lo tanto, para ser claros, nuestros países padecen la lepra de la minería de oro para nutrir las necesidades de opulencia y consumismo de señoras en el oriente o de banqueros en el occidente. Nosotros nos quedamos con todos los impactos sociales, ambientales y económicos, para que se puedan vender aretes y collares de oro, pongamos por caso, en India o China. ¿Ese es un proyecto de nación?”.

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