Cochabamba frente al contrabando. La economía que se resquebraja
La escena se repite en algunas zonas de Cochabamba: decenas de comerciantes despliegan puestos improvisados para vender mercancías importadas ilegalmente —desde ropa usada hasta champús— lejos de la mirada de las autoridades. Son las llamadas “ferias del contrabando”, al menos veinte de las cuales se han afianzado en el municipio de Cercado y en poblaciones vecinas, como Sacaba y Quillacollo. Allí se ofrecen productos traídos de contrabando, en grupos organizados que operan en la clandestinidad para evadir los controles municipales.
Detrás de cada puesto hay historias de resiliencia y necesidad. Muchas de estas personas alguna vez tuvieron un empleo formal en fábricas o comercios establecidos; otras debieron cerrar sus pequeños emprendimientos asfixiados por la competencia desleal del contrabando, y han encontrado en la venta callejera su única salida. Es el caso de Judith C., de 34 años, quien hasta 2020 trabajaba en la planta de una empresa de productos de limpieza en Cochabamba.
Tras la pandemia perdió su empleo y, al no conseguir otra fuente laboral, en 2022 comenzó a vender detergentes y jaboncillos provenientes de Argentina para mantener a sus hijos. “No hay trabajo, tampoco en los mercados hay puestos para vender. No tenemos otras alternativas”, confiesa mientras acomoda en su puesto móvil artículos muy demandados por su reducido precio. Irónicamente, son productos de la misma marca que se fabrica legalmente en el país; sin saberlo, la caída en las ventas de la fábrica local —inundada por la competencia ilícita— fue en parte responsable de su despido.
La historia de Judith refleja un fenómeno más amplio que aqueja a la llajta: el contrabando se ha convertido en una tabla de salvación económica para miles de familias pero a costa de debilitar la economía formal, erosionar el empleo y profundizar la informalidad.
Desarrollo
Bolivia tiene un marcado rostro informal. El país encabeza los índices de trabajo precario en Sudamérica: alrededor del 80,8 por ciento de la población ocupada carece de un empleo formal, es decir, ocho de cada diez trabajadores trabajan sin contrato ni beneficios sociales. Cochabamba no es la excepción. Basta recorrer mercados populares como La Cancha para constatar la magnitud de su economía informal: miles de vendedores ambulantes, transportistas “surubí” y comerciantes minoristas se ganan el sustento diario al margen de la seguridad social y el fisco.
Lejos de disminuir, la informalidad laboral se profundizó tras la pandemia; se estima que apenas un pequeño porcentaje —en torno al 5 por ciento— de la fuerza laboral nacional tiene hoy un empleo plenamente formal y de calidad. La consecuencia inmediata es una alta vulnerabilidad: la mayoría vive sin seguro de salud ni jubilación, con ingresos inestables y baja productividad. Además, el Estado deja de percibir importante recaudación tributaria por tanta actividad no registrada, mermando recursos para obras y servicios públicos.
En este contexto frágil, el contrabando ha proliferado y agrava los desafíos de la economía formal local. Según estimaciones de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), en 2022 ingresaron al país mercancías de contrabando valoradas en 3.331 millones de dólares, equivalentes a cerca del 8 por ciento del PIB nacional. Este flujo ilegal —que ingresa principalmente por las fronteras con Argentina, Perú y Chile— abarca de todo: alimentos, bebidas, ropa usada, electrodomésticos e incluso medicamentos. Los sectores más golpeados son precisamente aquellos en los que Cochabamba tiene una base productiva importante.
La industria nacional de alimentos y bebidas ve sus ventas mermadas por productos extranjeros más baratos que entran sin pagar aranceles; los microempresarios textiles no pueden competir contra la avalancha de ropa usada importada clandestinamente; y los pequeños laboratorios farmacéuticos locales pierden mercado frente a medicamentos traídos ilícitamente de países vecinos. La CNI advierte que el contrabando pone en riesgo 38.000 industrias bolivianas y alrededor de 600.000 empleos que dependen del sector manufacturero a nivel nacional. Incluso nichos emergentes de Cochabamba, como los productores de cerveza artesanal, han visto invadido su mercado por cervezas argentinas de contrabando vendidas a precios inferiores, dificultando su sostenibilidad.
Una de las aristas más críticas de este fenómeno es la competencia desleal en precios. La reciente devaluación de las monedas de países vecinos —especialmente Argentina— ha provocado que muchos productos contrabandeados se ofrezcan entre 5 y 50 bolivianos más baratos que sus equivalentes nacionales o legalmente importados, aunque debemos admitir, dado que el peso argentino se ha visto fortalecido frente al boliviano, los productos importados de ese país han incrementado sus precios, los que les ha quitado competitividad frente al producto local. Para el consumidor cochabambino, cuyos ingresos se han estancado o disminuido en términos reales, la tentación de estos precios bajos es irresistible; pero para los productores locales y comerciantes formalmente establecidos resulta prácticamente imposible igualar esos costos sin incurrir en pérdidas. El resultado es un círculo vicioso: las empresas formales reducen producción o cierran, se pierden empleos formales y esos trabajadores desempleados terminan engrosando las filas de la economía informal, a veces dedicados al propio contrabando.
Cochabamba ofrece un ejemplo palpable de este ciclo. La expansión de las ferias de contrabando en el área metropolitana Kanata coincide con el deterioro de la industria local y el aumento del desempleo urbano. Actualmente, operan más de veinte ferias itinerantes de mercancía ilegal en la ciudad y su periferia. En ellas venden no sólo quienes históricamente vivían del comercio informal, sino también exoperarios fabriles, exempleados del comercio e incluso antiguos importadores legales que quebraron y se volcaron al mercado negro. Mario O., de 52 años, por ejemplo, relata que antes de la pandemia traía electrodomésticos de forma legal; tras no poder competir y caer en mora con el banco, hoy vende televisores y licuadoras de contrabando en una feria nocturna.
Estas ferias ofrecen de todo —alimentos, ropa, calzado, artículos de limpieza, bebidas alcohólicas— y en su mayoría mercadería venida de Argentina. La actividad resulta rentable; algunos comerciantes incluso utilizan camionetas como tiendas móviles e incluso han comenzado a alquilar locales comerciales formales con las ganancias obtenidas. Para muchos, el contrabando ha sido la “salvación” ante la falta de empleo pero esa misma salida fácil está erosionando las bases de un desarrollo sano.
El fenómeno del contrabando en Cochabamba también está estrechamente ligado a dinámicas sociales como la migración interna y la desigualdad urbana. Históricamente, esta ciudad y sus municipios conurbados han sido receptores de miles de familias migrantes del campo que llegan en busca de mejores oportunidades. Este flujo ha alimentado el crecimiento acelerado de cinturones periurbanos donde abundan asentamientos informales. En zonas del sur de la ciudad (como el Distrito 9) o en nuevos barrios de Sacaba y Quillacollo, conviven comunidades de escasos recursos a menudo sin acceso pleno a agua potable, alcantarillado, transporte ni salud. La pobreza monetaria urbana se redujo en la última década, pero la pobreza multidimensional sigue afectando a muchos hogares de estas áreas marginadas, que carecen de una o más necesidades básicas.
De hecho, en los últimos años se observó un repunte de la pobreza en Cochabamba, revirtiendo parte de los avances previos. Ante la falta de empleo formal y la débil presencia del Estado, no sorprende que amplios segmentos de la población migrante terminen insertos en la economía informal con ingresos de subsistencia. En estas circunstancias, las redes de contrabando y comercio ilegal actúan como tablas de salvación no sostenibles: brindan un sustento inmediato a quienes no encuentran cabida en la economía formal, pero a largo plazo perpetúan la precariedad. Los habitantes de la periferia cochabambina dependen de bienes de contrabando porque son más asequibles a sus bolsillos, pero esa misma preferencia erosiona la base empresarial local que podría generar empleos estables y reduce la recaudación fiscal que podría invertirse en mejorar sus barrios. Así, el contrabando termina profundizando la brecha entre una Cochabamba formal, con mayor calidad de vida, y otra Cochabamba informal relegada a la marginación.
Sugerencias de políticas públicas
Frente a esta problemática compleja, expertos, autoridades y empresarios coinciden en la necesidad de una estrategia dual: facilitar la formalización de las MiPyMEs y de los trabajadores por cuenta propia, al mismo tiempo que redoblar la lucha contra el contrabando en todos los frentes. Se resumen algunas políticas públicas sugeridas para abordar el desafío:
Facilitar la formalización y apoyar a las MiPyMEs: Simplificar trámites y reducir costos para que los emprendimientos ingresen a la legalidad, por ejemplo implementando ventanillas únicas de registro y regímenes tributarios simplificados para microemprendedores. Asimismo, brindar capacitación, asistencia técnica y acceso a microcréditos a los pequeños negocios informales puede mejorar su productividad y mostrarles los beneficios de formalizarse (acceso a créditos mayores, a mercados institucionales, protección legal, etc.). El gobierno nacional ha implementado programas como el Régimen Tributario Simplificado y “Mi Primer Empleo Digno”, que ofrecen incentivos para la formalización de jóvenes, pero su alcance aún es limitado y requiere ampliación.
A nivel local, la Alcaldía de Cochabamba y las del eje metropolitano Kanata podrían crear mercados populares o centros comerciales municipales donde reubicar gradualmente a los comerciantes ambulantes, brindándoles condiciones dignas (puestos, almacenes, seguridad) a cambio de su formalización paulatina. Estas ferias legales permitirían ordenar el comercio callejero, ampliar la base tributaria municipal y dar visibilidad a los productos locales.
Lucha frontal contra el contrabando: Fortalecer la coordinación interinstitucional e invertir en tecnología de control. Es crucial reactivar y dotar de mayores recursos al Consejo Nacional de Lucha contra el Contrabando –que integra a las Fuerzas Armadas, Policía, Aduana Nacional y Migración– para ejecutar operativos más efectivos en rutas fronterizas y centros urbanos.
Los industriales plantean también ajustar la normativa penal: por ejemplo, modificar el Código Tributario para reducir de 200.000 a 50.000 UFV (Unidad de Fomento de Vivienda) el valor mínimo a partir del cual el contrabando se considera delito, de modo que más infractores enfrenten sanciones penales severas. Asimismo, se propone involucrar directamente a los gobiernos municipales en el control del comercio ilícito local, otorgándoles facultades para fiscalizar y clausurar ferias ilegales en sus jurisdicciones.
Otras medidas incluyen agilizar la destrucción o subasta transparente de la mercancía incautada (para evitar que vuelva a manos de contrabandistas) y establecer mecanismos de cooperación con países vecinos para desincentivar el flujo ilegal de productos. Esto último podría implicar acuerdos bilaterales ante devaluaciones competitivas —por ejemplo, cuando Perú o Argentina devalúan su moneda y sus bienes se abaratan inundando Bolivia—, de forma que se tomen acciones conjuntas para equilibrar precios o reforzar controles en esas coyunturas. En resumen, se requiere una suerte de “lucha contra el contrabando 2.0”, más inteligente, con mejor inteligencia fronteriza, drones, scanners y, sobre todo, cerrando filas institucionalmente contra las mafias que operan este comercio ilegal.
Estímulo a la producción local e industrialización: A largo plazo, la mejor defensa contra el contrabando es fortalecer la capacidad competitiva de la economía formal. Si Cochabamba logra atraer inversiones y desarrollar industrias locales sólidas, podrá ofrecer bienes de calidad a precios accesibles que resten atractivo a los productos ilícitos. Una propuesta concreta es la implementación de un Parque Industrial metropolitano con incentivos especiales —terrenos a bajo costo, exenciones tributarias temporales, facilidades en licencias— para que emprendimientos cochabambinos innovadores puedan escalar su producción formalmente. Este espacio industrial planificado permitiría generar empleo digno en rubros como alimentos procesados, textiles o farmacéuticos, reduciendo la dependencia de importaciones.
En paralelo, se debe promover el consumo de lo hecho en Cochabamba. Campañas y ferias que destaquen la calidad de los productos locales (al estilo de la exitosa promoción de la gastronomía cochabambina, orgullo de la región) pueden ayudar a cambiar hábitos de consumo. Si la población percibe que comprando lo nacional gana todos —empleo local, impuestos para su ciudad, desarrollo regional—, será más proclive a elegir esos productos aun cuando cuesten ligeramente más. En definitiva, se busca sustituir importaciones ilegales con producción local, cerrando el paso al contrabando mediante más oferta “Made in Bolivia” en los anaqueles.
Concienciación ciudadana y cultura tributaria: Ninguna política tendrá éxito sin el apoyo de la gente. Es vital emprender campañas de educación y sensibilización sobre los perjuicios del contrabando. Los líderes industriales y autoridades han instado a la población a no comprar mercancía ilegal y a apostar por la industria nacional. Un cambio cultural es imprescindible: hoy por hoy muchos consumidores compran artículos de contrabando porque son más baratos, sin considerar que pueden ser productos de dudosa calidad o sin control sanitario (por ejemplo, medicamentos vencidos, alimentos en mal estado).
Además, cada compra ilegal es un golpe al empleo y al erario público. Se calcula que sólo en 2022 el Estado boliviano dejó de percibir cerca de 930 millones de dólares en impuestos debido al contrabando, dinero con el cual se podrían haber construido dieciséis hospitales de tercer nivel. Ese vacío fiscal se traduce en menos inversión en escuelas, seguridad ciudadana, caminos y hospitales que benefician especialmente a los más vulnerables.
Por ello, reforzar la cultura tributaria y el orgullo por lo nacional en Cochabamba es fundamental. La ciudadanía debe entender que cada compra legal —desde la polera confeccionada por una microempresa local hasta la cerveza artesanal cochabambina— contribuye a sostener empleos, y que combatir el contrabando no es sólo tarea de policías o aduaneros, sino un compromiso colectivo. Sólo así, con rigurosidad institucional y consciencia social, la economía formal de la región podrá hacer frente a la sombra del contrabando y construir un desarrollo más justo y sostenible.
Fuentes consultadas: Los Tiempos (20 de noviembre de 2023), “El círculo vicioso del contrabando: cierre de empresas y desempleo”; Los Tiempos (20 de julio de 2023), “El contrabando de ropa usada afecta a 600 mil microempresas del país”; Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2023), datos sobre informalidad laboral en Bolivia (80,8 % de trabajadores informales); Cámara Nacional de Industrias, Informe 2022-2023, cifras sobre el impacto del contrabando (valor anual estimado en 3.331 millones de dólares y 930 millones en evasión tributaria); Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype, 2023), declaraciones de Néstor Conde sobre el cierre de unidades productivas por contrabando.
