Día del Trabajador
Hoy, 1º de mayo, es el Día Internacional de los Trabajadores, la conmemoración del movimiento obrero mundial en la que se celebran los logros sociales y laborales obtenidos, comenzando por la limitación de la jornada de trabajo a ocho horas, y se proclaman reivindicaciones a favor de las clases trabajadoras. Todo ello en el marco de manifestaciones callejeras más festivas que de protesta.
En Bolivia, los festejos de ese día sirven también para que el Gobierno haga oficial —mediante la promulgación del decreto correspondiente— el incremento salarial anual. La normativa “va a definir las formas de pago, a quiénes alcanza el incremento, cómo alcanza el incremento”, explicaba el viernes la Ministra de Trabajo, según un reporte de Brújula Digital.
Así ha ocurrido durante décadas, con ligeras variaciones, en un contexto donde el trabajo informal —sin estabilidad laboral ni beneficios sociales— alcanza cada año mayores proporciones y, al mismo tiempo, decaen las condiciones de seguridad y salubridad en los entornos laborales.
Ambos aspectos parecen ausentes de las preocupaciones tanto del Gobierno, que se reclama “del pueblo”, como de la Central Obrera Boliviana (COB), convertida desde hace más un lustro en una “organización social” cuya afinidad incondicional con el partido gobernante desacredita su representatividad.
Y son para preocuparse, como bien lo destacaba el año pasado el director de la oficina de Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los países andinos.
En Bolivia, señalaba entonces ese alto funcionario, “la incidencia de muertes relacionadas con el trabajo es más alta que la registrada en las Américas (24,9 muertes por cada 100 mil habitantes mayores de 15 años versus 22,3 en la región), y preocupa que todavía miles de personas mueren cada año”.
Los datos sobre esa triste variable son poco precisos “si consideramos, además, que Bolivia tiene una altísima proporción de trabajo informal, con serios déficits en la calidad del empleo y en la protección de las y los trabajadores”.
“Según los datos del último informe de la OIT, la tasa de informalidad en Bolivia llegó al 80 por ciento en 2022, es decir, casi 8 de cada 10 personas trabajan en esa condición”, agregaba el funcionario internacional.
Este panorama impone una reflexión profunda, acerca de las maneras más convenientes de adaptarnos a aquellos cambios. Esto, en el marco de las relaciones obrero-patronales, la representatividad y el rol de los sindicatos —en el caso de los trabajadores formales—, y de la definición de estrategias para extender los derechos laborales a los trabajadores informales e incluirlos, en contrapartida, en el universo de contribuyentes.