La necesidad de debatir el Pacto Fiscal
La distribución de los recursos económicos entre la administración central del Estado y las entidades territoriales autónomas (ETA) es un asunto pendiente que exige atención debido, precisamente, a la disminución de los fondos fiscales y, especialmente, a que en pocos meses más conoceremos los resultados del Censo de Nacional de Población y Vivienda 2024, que permitirán conocer cuánta gente vive en cada departamento y municipio y en qué condiciones de acceso a los servicios básicos.
Ese asunto pendiente es el denominado Pacto Fiscal que debe definir “las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y el ejercicio efectivo de competencias de las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado”, como lo enuncia la Ley N° 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización, promulgada en julio de 2010.
El tema data de ese año, cuando fue impuesto por esa ley con un plazo máximo de seis meses “después de publicados los resultados oficiales” del Censo de 2011.
Sin embargo, no fue hasta diciembre de 2017 que se encaró un proceso de diálogo entre la administración central del Estado y las regiones. Entonces, hubo un documento final que no arrojó cambios estructurales, es decir, no tocó los recursos del Gobierno.
Hace ocho meses el asunto cobró actualidad con la disminución de los recursos fiscales que recibirían las gobernaciones en 2024. Y en septiembre de este año, para cuando está programada la entrega de resultados demográficos del Censo 2024, volverá a cobrar importancia, pues es necesario aplicar “el concepto de solidaridad interterritorial en Bolivia”, evitando desigualdades que benefician más ciertos departamentos, en términos de montos disponibles en función de sus habitantes, como lo explica un economista en el documento Propuestas técnicas para el Pacto Fiscal, publicado en 2017.
Desde siempre, el centralismo en la administración estatal ha sido el gran problema en una buena parte de naciones que no han sido capaces de concentrar los esfuerzos importantes y facilitar la gestión de lo cotidiano desde los lugares donde se viven los problemas.
En Bolivia, y después de muchas discusiones, ni siquiera se ha llegado a delinear un modelo de país cooperativo donde las regiones y el Estado central se complementen. Tampoco hay una mínima visión compartida sobre la utilidad o no de la autonomía en sí misma.
No se puede eludir el debate hasta el infinito pues las circunstancias exigen encarar el tema del Pacto Fiscal, antes de que la urgencia lo torne ineludible y las presiones resultantes creen un ambiente conflictivo, poco propicio a la reflexión y a las negociaciones exentas de cálculos electoralistas.
